Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Al menos dos empresas de Quintana Roo promovieron sendos amparos ante el Juzgado Primero de Distrito en busca de evitar indagatorias de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Se trata de las empresas Inmobiliaria de la Costa de Quintana Roo, Sociedad Anónima (S. A) de Capital Variable (C.V) con el expediente 308/2017 y la empresa Inmobiliaria Cigarra S.A de C.V con el expediente 357/2017.

También te puede interesar: Notarías que otorgó Borge, están bajo investigación

Ambos expedientes son contra el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Fiscalización o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

En el caso de la última empresa Inmobiliaria Cigarra S.A de C.V, fue señalada en su oportunidad como una de las beneficiadas con terrenos propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE) en la ciudad de Chetumal.

La propiedad en mención refiere al predio ubicado al lado del Estadio Nachan Ka’an, que de acuerdo con la información, fue vendida a la empresa por un precio de 1.9 millones de pesos, a razón de 800 pesos el metro cuadrado.

Según la denuncias de la organización Somos Tus Ojos, el valor real del inmueble es de alrededor de 21.7 millones de pesos, al momento de su venta. Lo anterior causó una pérdida al erario público superior a los 19.7 millones de pesos.

En su momento, el Gobierno del Estado promovió ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por actos probablemente constitutivos de delito por la venta irregular de predios propiedad del Gobierno del Estado, realizada por ex servidores públicos de la administración de Roberto Borge Angulo.

El pasado 5 de junio, el exmandatario del estado fue detenido en un aeropuerto de Panamá, país donde actualmente se encuentra recluido en espera de su extradición a México para enfrentar un proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.