Investigan a jefe policíaco por caso de tortura

Carlos Arturo Álvarez Escalera, asumió ayer de manera formal las riendas de la Policía Judicial.

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Carlos Arturo Álvarez Escalera, rindió protesta de ley ante el pleno de la XIV Legislatura. (Ángel Castilla/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Carlos Arturo Álvarez Escalera, asumió ayer de manera formal el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, una vez que rindió protesta de ley ante el pleno de la XIV Legislatura que los ratificó por unanimidad.

El funcionario adelantó que la dependencia está en espera de los autos de la resolución de la Sala Constitucional Administrativa del Tribunal Superior de Justicia sobre el caso de tortura, donde están implicados más de 30 elementos judiciales.

“En esa resolución no estoy inmiscuido, pero con el cargo que tengo ahora acataré lo que me instruya el magistrado, actuaremos en total apego a la ley”, aseguró.

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Caso 'La Sirenita'

Se trata de una resolución en el caso de Héctor Casique acusado de ser responsable de una masacre en el bar “La Sirenita” de Cancún, y quién presuntamente fue objeto de tortura por parte de los judiciales.

En el caso también está señalado Arturo Olivares Mendiola, subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien junto con los demás elementos se le deberá ejercer acción penal.

Uno de los principales retos de la Procuraduría General de Justicia del Estado es la entrada al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como la limpia al interior de la corporación, de acuerdo con Álvarez Escalera.

“Seguiremos con el combate a la delincuencia organizada y común y trabajando también en la preparación de los ministerios públicos y demás elementos para el nuevo sistema que comenzará en breve en Cozumel, además de trabajar en infraestructura y capacitación”, mencionó.

Reconoció que al interior de la Procuraduría hay funcionarios que realizan actividades indebidas, tal como ha quedado demostrado con algunos casos donde han sido sujetos a proceso, destituidos e incluso con órdenes de aprehensión en su contra.

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