Ernesto Neveu/SIPSE

CHETUMAL, Q.Roo.- Las personas que promuevan los asentamientos irregulares en Quintana Roo, tendrían que ser sujetos a materia penal luego de la publicación del Decreto 360, en noviembre de 2010 y, sin embargo, continúan siendo un problema que llega a complicarse cuando las colonias alcanzan un tamaño significativo, generan gasto extraordinario y se sale de los programas de desarrollo urbano, consideró Mauricio Rodríguez Marrufo, secretario estatal de Desarrollo Urbano.

 

A raíz del desalojo realizado por la fuerza pública en un asentamiento irregular sobre alrededor de cinco hectáreas denominado “La Franja” que, efectivamente forma parte de una alargada superficie de terreno de 350 hectáreas, propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (Ipae), el funcionario recordó que esta actividad se sanciona de manera penal.

 

“Este fenómeno viene originado por las dificultades que atraviesan algunas personas, por falta de capacidad económica para hacerse de un lote o una vivienda de las que diferentes desarrolladores ofertan ya de manera terminada, y por eso trabajamos de manera coordinada con el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, porque estamos advirtiendo una problemática, que ya hemos visto en otras partes del estado y que no queremos afrontar nuevamente”, acotó.

 

Rodríguez Marrufo señaló que el análisis que han realizado del hecho los lleva a la época previa a la publicación del Decreto 360, que modifica la Ley de Fraccionamientos y que, básicamente, penaliza a todo aquél que fraccione terrenos sin permiso de la autoridad o que, teniendo permiso, ignore las especificaciones establecidas, que aplican para asentamientos humanos de dos o más familias.

 

Con este decreto, vigente desde el uno de diciembre de 2010, colonias como la establecida cerca de la zona de humedales, debajo de las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llamada por los propios colonos “Mártires”, tendría que haber sido desalojada ya, y los promotores de este asentamiento de alrededor de 50 familias, creado sobre un predio particular, metidos a la cárcel.

 

“Cualquier ciudadano puede realizar una demanda ante la Procuraduría del Estado por delitos contra el Desarrollo Urbano, sobre asentamientos realizados después del decreto, tiene una penalidad importante y la Procuraduría de Justicia del Estado los sigue. Incluso, puede existir condicionamiento de la libertad para la persona que se vea involucrada en este tipo de actos”, puntualizó.