Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de la Gestión Pública mantiene vigentes 40 auditorías a entes de gobierno, para lo cual ha requerido la comparecencia de funcionarios y exfuncionarios, principalmente de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Rafael Antonio del Pozo Dergal, titular de la instancia de control, dijo que las auditorías llevan su tiempo, incluso, algunos concluirán hasta enero del próximo año.

Precisó que hasta el momento, la única más avanzada y que arrojó resultados concretos es la realizada al Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), misma que derivó en las primeras dos denuncias penales.

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Indicó que la prioridad es investigar las áreas que fueron señaladas, en su momento, por los propios ciudadanos y organizaciones civiles y otros que se han considerados como focos rojos, los cuales no quiso revelar. 

“Lo que hace la Secretaría es recibir y luego dirimir las inconsistencias, respetando la garantía de audiencia de los servidores públicos, a quienes llamamos para que aclaren lo que se pueda y lo demás queda sujeto a auditoría o fincamiento de responsabilidades”, señaló el funcionario.

Mencionó que la nueva administración estatal está en tiempo y forma para tomar las acciones legales que correspondan en su momento, toda vez que la legislación local establece 30 días, solo para la firma del acta de entrega recepción por dependencia.

“Después de la firma del documento, vienen 60 días hábiles para las observaciones que se encuentren en  las dependencias. De ahí citar a los servidores, quienes tienen 15 días para aclarar lo requerido. A partir de ahí, se podría iniciar algún procedimiento”, mencionó.

Sobre las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado, aseguró que no se trata de una “cacería de brujas”, y será la autoridad quien defina lo conducente.

“Estamos actuando en los casos donde consideremos que puede haber un hecho constitutivo de delito y será la autoridad ministerial quien evalúe y, en su caso, solicite las órdenes de aprehensión”, afirmó.