Los casos de extorsiones registrados en Quintana Roo tienen sentencias judiciales en menos del 30% de los incidentes, a pesar de que este delito va en aumento.

De acuerdo con la última información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a mayo de 2023 fueron reportados 33 extorsiones, mientras que en 2022 se denunciaron 25 casos.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el año pasado hubo hasta 73 hombres y 32 mujeres procesados por extorsión, pero solamente siete sujetos y cuatro féminas recibieron sentencia. Miguel Garza Flores, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), explicó que por la forma de hacer los operativos a veces es más complicado para la policía acreditar la flagrancia.

Lo anterior, porque a pesar de que se hace una detención y se implementa un operativo, a veces no se tiene la autorización para hacerla, y no se termina por vincular a la persona por extorsión sino por otro delito, y el caso se complica para los fiscales y se cae.

“Solo uno de cada 20 o cada 25 casos de extorsión son denunciados. Las llamadas se denuncian más y el derecho de piso menos porque producen más temor”, señaló.

Por su parte, Yesika de la Cerda, abogada y perito, agregó que las extorsiones son difíciles de comprobar, porque en primer lugar las personas que sufren estos delitos están intimidadas y generalmente otorgan lo que les pide el victimario.

Asimismo, debido a que los extorsionadores pueden conseguir una cantidad indefinida de números telefónicos en las tiendas proveedoras de servicios de telefonía, al momento de que se complete una extorsión el número donde se hizo es descartado por los criminales, lo que complica que la policía lo encuentre y acredite que pertenece al malhechor.

Según el artículo 156 del Código Penal de Quintana Roo, las personas culpables de obligar a otra mediante intimidación o violencia moral a hacer, omitir o tolerar un negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de una tercera persona con fines de lucro, puede pasar en la cárcel de 12 a 20 años.