Javier Ortiz/SIPSE

Bacalar.- Representantes del ejido Aarón Merino Fernández hicieron zanjas en la entrada del relleno sanitario de Bacalar, para impedir la entrada de los camiones recolectores, como medida de presión para que les autoricen el cambio de uso de suelo.

Los ejidatarios pretenden el cambio de uso de suelo para poder lotificar esos terrenos, pese a que lo tienen otorgado al Ayuntamiento por 30 años, según consta en el contrato celebrado en 2007.

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Alexander Zetina Aguiluz, presidente municipal de Bacalar, afirmó que por este motivo, a partir de esta semana, estarán utilizando el relleno intermunicipal, que se encuentra a más de 70 kilómetros de distancia, para llevar los desechos, con la finalidad que no se afecte a la población.

Señaló que los abogados del Ayuntamiento harán efectivo el contrato que se firmó el 2 de octubre del año 2007, entre el ejido en mención y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que establece que por 30 años pueden utilizar ese predio para depositar los desechos.

Dijo que no se suspenderá el servicio y dispondrán de sus recursos para mantener el servicio pese a que representa un gasto oneroso transportar los desechos hasta el relleno intermunicipal.

El contrato del relleno de Bacalar data del trienio de Cora Amalia Castilla Madrid

El contrato celebrado en su momento, fue signado por Juan Manuel Herrera, quien en ese entonces también fungía como comisariado ejidal y Cora Amalia Castilla Madrid, en su calidad de presidenta municipal de Othón P. Blanco (en ese entonces Bacalar era parte del municipio capitalino).

En la cláusula segunda, establece que “El Núcleo” otorga a “El Municipio” la posesión física y material del inmueble al momento de la firma del documento. En la cláusula siguiente dice: “El Núcleo” se compromete a responder a “El Municipio” por los vicios ocultos y perturbaciones que por hechos materiales o por actos jurídicos suyos anteriores o posteriores a la celebración del contrato se traduzcan en un obstáculo en el uso que el efecto realice “El Municipio”.

En la séptima cláusula establece que “Las partes acuerdan que el presente contrato tendrá una duración de 30 años prorrogables previo acuerdo ellas”. Dicho contrato se encuentra asentado en el Registro Agrario Nacional (RAN) desde el 19 de marzo del año 2008.

Juan Manuel Herrera, quien repite como comisario ejidal, admitió que es una medida de presión para que el Ayuntamiento de Bacalar autorice el cambio de uso de suelo de una superficie de terreno que solicitaron.