Edgardo Rodríguez/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 200 ejidatarios de Juan Sarabia cumplieron ayer la amenaza de bloquear el acceso a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chetumal, para presionar por el pago pendiente de 60 millones de pesos, como compensación por el uso de 90 hectáreas comunales para modernizaciones carreteras.

Los inconformes bloquearon todos los accesos de la delegación federal de forma permanente, además de anunciar nuevas medidas en 48 horas, de no obtener respuesta.

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Martín Haro Zepeda, comisariado ejidal, aseveró que las instalaciones permanecerán tomadas hasta obtener una respuesta y amenazó con cerrar el paso en la carretera Chetumal-Cancún, a la altura del entronque hacia Escárcega.

“Se puso un plazo de 10 días para que se diera una respuesta puntual a la problemática que nos llevó a cerrar el tramo carretero Chetumal-Escárcega, pero posterior a esa fecha no se dio ninguna información,” se quejó el líder comunero.

Piden fecha del pago 

Francisco Elizondo Garrido, delegado de la SCT, viajó la mañana de ayer a la Ciudad de México, sin dar entrevista a los reporteros.

Alrededor de las dos de la tarde, Gabriel Mendicuti Loria, secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, sostuvo una reunión con la comitiva del ejido y se comunicó con Guillermo Lerdo de Tejada, coordinador de Asesores de la Secretaria de Gobernación y Francisco Yáñez, director para Asuntos de Organizaciones de la Sociedad Civil, a los que le solicitó su intervención para que la SCT fije una fecha definitiva de pago.

Este litigio inició en el 2006 cuando el ejido procedió legalmente contra la SCT por incumplimiento de pago en la indemnización, pero el asunto se ha postergado por recursos legales interpuestos por las partes involucradas.

El pasado 24 de mayo expiró el plazo otorgado por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Chetumal, al Centro SCT para que cumpliera con el pago o, por lo menos, se contratara los servicios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) para determinar el valor económico de los terrenos expropiados.