Agencias

México.- Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, se declaró inocente y acusó a la administración federal pasada de haber emprendido una persecución política en su contra.

A través de una videoconferencia, desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocail (Ceferepsi) en Morelos, Borges solicitó a la nueva administración revisar su caso tras dirigirse expresamente a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Pena Federal de ciudad Nezahualcóyotl, acusó al ex procurador Raúl Cervantes de persecución por motivos políticos.

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De acuerdo con Reforma, Borge dijo: “Por primera vez haré uso de la palabra. Primero que nada, recordándole a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de Gobierno. En cuanto a mi situación, durante el tiempo en que se me investigó por parte de la anterior administración de la PGR, hoy quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la Administración anterior y hago responsable a la PGR, cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”.

Luego de esto fue interrumpido por su abogada Sharon Hernández Colín, quien le pidió que se concentrara en el tema legal por el que había sido convocada la audiencia, el cual es la ampliación del caso de la investigación complementaria.

Tras la interrupción exgobernador de Quintana Roo continúo: “Nada más solicitar esa revisión a las nuevas autoridades de la nueva Fiscalía y me declaro inocente”.

Durante la audiencia, el juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, concedió a Roberto Borge dos meses más de plazo para presentar pruebas de descargo contra la imputación de un presunto lavado de dinero.

La defensa del ex funcionario argumentó que había sido imposible reunir todas la evidencias contra la imputación y por ello se vieron obligados a solicitar una prórroga de la investigación complementaria.

Roberto Borge se le vincula con la venta de 24 inmuebles que eran propiedad del gobierno de Quintana Roo a un precio equivalente a 6% del valor comercial, lo cuales quebrantaría al patrimonio de Quintana Roo por un monto de 900 millones 99 mil 418 pesos.