El Congreso de Quintana Roo dio entrada a una iniciativa que permitirá a las mujeres argumentar la legítima defensa, cuando consideren que están frente a una amenaza de violencia física.

La propuesta presentada por la diputada Euterpe Gutiérrez Valásis, pretende reformar el artículo 20 del Código Penal del Estado para añadir a las causas de justificación de la legítima defensa, cuando la mujer sienta que está en “peligro inminente de ser víctima de sufrir lesiones”.

Hasta el momento sólo se perdona a las féminas que asesinen a sus agresores o les provoquen graves daños, si éstas se protegen de ser agredidas sexualmente o con un ataque de carácter feminicida.

“El problema es que en muchas ocasiones, casi la mayoría, no sucede esto: comprobar que se trató de un ataque con tendencia feminicida es muy difícil, sobre todo cuando el agresor ya no puede otorgar su versión porque falleció. O el ataque sexual no se dio o se encontraron indicios de haberse iniciado, provocando que las víctimas que se defendieron, terminen purgando condena.

Buscan reforma de defensa a mujeres que se defiendan de sus agresores en Q. Roo / (Foto: SIPSE)

De acuerdo a los datos de la ENDIREH, en Quintana Roo 27 mil 489 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, sexual o física en el 2023, siendo en el 85% de las ocasiones sus parejas o familiares los agresores.

La iniciativa aclara que este cambio no significará una masacre en contra de los hombres por parte de sus víctimas, detallando que diversos estudios han demostrado que las esposas, madres o hijas prefieren denunciar a sus violentadores, obteniendo la protección gubernamental para no volver a verlos.

Nueve de cada 10 mujeres ni siquiera consideró atacar y mucho menos asesinar a quien las golpea o les provoca lesiones. Y aún las que sí lo consideraron, puntualizan que difícilmente lograrían tener la fuerza suficiente para hacerlo, a menos que consideren que su vida está en peligro.

Pero la reforma buscaría evitar más casos como el de Roxana Ruiz, quien pasó varios años en la cárcel tras matar al hombre que la había violado, porque no se lograba comprobar que fue un ataque con tendencia feminicida, única forma en que sería justificable en el Estado de México.