Salomón Cornelio/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, comenzó una cacería recaudatoria en Chetumal que incluye a todos los vendedores en la vía pública, incluso, aquellos que prácticamente sobreviven vendiendo chicles o periódicos.

Desde hace algunos días, a través de la Dirección de Fiscalización, inspectores comenzaron a cobrar 200 pesos mensuales a cualquier vendedor, incluso, retroactivo al mes de enero, es decir, deben pagar mil 200 pesos.

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“Paga permiso por la venta de periódico por el mes de ‘Enero 2019’. Pendiente Feb-Junio 2019. Permiso provisional por ocupación de vía pública”, se lee en uno de los recibos que le entregaron a una de las personas que busca ganarse la vida cerca del Mercado viejo.

El argumento del municipio para cobrar es el artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco que establece para el uso de la vía pública para el ejercicio de una actividad lucrativa de cualquier naturaleza un cobro de 0.3 a 0.6 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Esa cantidad representa 25.34 pesos y 50-69 pesos, respectivamente, tomando como base el valor actual de la unidad de 84.49 pesos.

Las medidas recaudatorias del gobierno municipal han generado malestar e inconformidad entre quienes realizan una actividad económica como apoyo familiar, porque la autoridad quiere cobrar, prácticamente, un permiso por producto que se vende.

“Son arbitrarias las medidas y los cobros excesivos nos afectan gravemente, a veces no sale el día y lo poco que vendemos a penas nos da para comer”, dijo Juanita Méndez, quien desde la zona rural viene a la ciudad a vender sus productos del campo.

Cintia Millán Estrella, regidora del PAN en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, condenó la política tributaria y de fiscalización que aplica la Comuna con uno de los sectores de la población menos favorecidos con tal de obtener más ingresos.

Afirmó que aunque las leyes municipales en la materia establecen la obligación de los ciudadanos de pagar contribuciones a la Comuna para el mejoramiento y la operación de los servicios públicos, estos cobros deben ser mesurados y proporcionales para no afectar las actividades económicas.

En los próximos días un grupo de regidores convocará a una reunión de trabajo con los funcionarios responsables de manejar los cobros de las contribuciones y las finanzas de las arcas municipales para que expliquen todo lo relacionado a estas acciones que ha generado malestar, enojo e inconformidad entre todos los sectores afectados por esta medida.

De acuerdo con informes de la tesorería municipal, la Comuna obtiene ingresos de casi cinco millones de pesos al año por el cobro de derecho de uso de vía pública.