La Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desechó una apelación interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), contra una suspensión de un cobro de más de siete millones por una clausura que le impuso a Calica en 2020.

Esta suspensión definitiva la ganó Calica en octubre pasado contra la multa millonaria, algo que este medio de comunicación dio a conocer en su momento, que vino aparejada con una clausura que se le impuso en 2020 a la transnacional.

“Se da cuenta con la promoción ingresada en este Tribunal, por la cual la autoridad demandada promueve recurso de reclamación. (...) Se desecha por improcedente (...) contra de una resolución dictada en cumplimiento a la sentencia interlocutoria de reclamación de fecha 14 de octubre de 2024”, se lee en el acuerdo dictado este lunes dentro del expediente 73/21-EAR-01-6 de juicio de nulidad administrativa.

Con esto, el Gobierno Federal se queda sin la posibilidad de hacer efectivo el cobro por la cantidad de siete millones 985 mil 53 pesos, impuesta por una clausura aplicada en 2020 sobre el predio El Corchalito.

La medida, de las pocas que ha ganado Calica, la obtuvo tras la tramitación de un juicio de nulidad administrativa contra el resolutivo que emitió la dependencia federal en ese año, según el expediente 73/21-EAR-01-6 integrado en 2021.

A la clausura del predio El Corchalito, se suman las medidas similares que en 2022 la Profepa impuso sobre los predios La Adelita y La Rosita. Todos estos tienen una superficie que rebasa las dos mil 200 hectáreas de terrenos ubicados al sur de Playa del Carmen, donde por décadas la empresa de origen estadounidense extrajo material pétreo.

Actualmente, Calica centra su lucha en anular el decreto de Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que dejó impuesto el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, acto que no le permite realizar tareas extractivas en sus propios predios.