Cancún: Aseguran instalaciones de clínica donde falleció una paciente
Realizarán las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades sobre la muerte de la mujer.
Las instalaciones de la clínica Mivera fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el fallecimiento de una mujer de 38 años que acudió para realizarse un procedimiento estético.
El personal de la FGE abrió la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/03/5338/2021, mediante la cual se realizan las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades sobre la muerte de la paciente.
Miguel Alejandro Pino Murillo, titular de la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Quintana Roo, explicó que pese a que el caso también es de su competencia, la autoridad aún no ha dado aviso a la dependencia para poder intervenir.
En este aspecto, le corresponde la revisión de las instalaciones, así como de los permisos sanitarios, ya que por realizar actos quirúrgicos invasivos, el establecimiento debía contar con la licencia correspondiente.
De acuerdo con las redes sociales de Mivera, este comercio se ofertaba como un centro de bienestar dirigido al cuidado personal estético, realizando tratamientos corporales, capilares, dentales, faciales, entre otros.
La paciente que perdió la vida habría recurrido a los servicios de la clínica para una abdominoplastia, que consiste en remover la grasa de la zona del abdomen y que puede derivar en complicaciones pulmonares.
Los artículos 198 fracciones IV, V; 315 fracciones I, II, III y IV, 369, 370 y 371 de la Ley General de Salud, indican que los establecimientos que ofrecen Servicios de Salud, antes de iniciar actividades deben contar con la autorización sanitaria correspondiente, esto incluye a quienes ofrecen servicios de medicina regenerativa y que practiquen actos quirúrgicos u obstétricos.
Sin embargo, el más reciente registro de Licencias Sanitarias de Servicios de Salud publicado por Cofepris, indica que Mivera no se encuentra entre las clínicas aprobadas para llevar a cabo estos procedimientos.
Por incumplir con la normativa, el centro de bienestar podría ser sujeto de una sanción económica de entre las seis mil a 12 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a pagar 537 mil 720 a un millón 075 mil 440 pesos.
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