La asociación civil Bios Participación Política y Desarrollo arrancó el proyecto “Ojo Ciudadano al Turismo”, con el fin de prevenir riesgos de corrupción originados en la aprobación e implementación de desarrollos turísticos con impacto ambiental en la Riviera Maya.

La iniciativa busca contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en materia de medio ambiente.

La organización expone que el sector turístico en Quintan Roo tiene tal fuerza que es el principal destino de sol y playa en el país, por lo que los desarrollos en la materia son un elemento estratégico en la economía del estado.

A la par, añade, el estado tiene un ecosistema realmente rico: posee 11 Áreas Naturales Protegidas, que representan el 10 por ciento del total del territorio.

“Los hechos y riesgos de corrupción documentados en el estado son referentes en el tema a nivel nacional, algunos relacionados con impactos ambientales severos, como lo fue el proyecto Dragon Mart, por mencionar uno de los más visibles”, señala.

Apunta que existen situaciones que potencian riesgos de corrupción asociados a la aprobación de proyectos turísticos en Riviera Maya, como los cambios constantes de uso de suelo, simulación de consultas con la comunidad, incumplimiento en estudios de impacto ambiental o de planes de mitigación, así como la falta de información sistematizada y pública sobre el proceso de aprobación de los proyectos turísticos.

Ante ello, este proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) propone prevenir riesgos de corrupción con impacto ambiental en la Riviera Maya, promocionando y facilitando el acceso ciudadano a la información pública de dichos proyectos que deriva en el mejoramiento y vigilancia del ejercicio normativo y política pública en la materia.

Para ello se busca consolidar una base de datos de sobre los delitos y faltas relacionadas con el tema de aprobación de proyectos turísticos y se realizará un manual para que la ciudadanía conozca cómo actuar ante posibles actos que contravengan la Ley en la materia.

Otras de las acciones planteadas es presentar recomendaciones a las autoridades, realizar jornadas de diálogo y fomentar mecanismos de vigilancia con expertos.

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