El Congreso de Quintana Roo analiza imponer entre cuatro y seis años de prisión a quien use un auto rentado para cometer delitos o “desvíe el uso para el que le fue entregado por el arrendador”.

La propuesta presentada por el diputado Julián Ricalde Magaña para adicionar el Artículo 142 BIS al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece sancionar una serie de usos no permitidos con este tipo de vehículos.

Esto a fin de prevenir que sean robados, desmantelados o usados para cometer otro tipo de ilícitos.

Las “circunstancias” -denominadas así en la iniciativa-, que se plantea sancionar, son

• desmantelar o comercializar conjunta o separadamente sus partes;
• alterar, modificar, elaborar o reproducir de cualquier manera, la documentación que acredite la propiedad o datos de identificación o la documentación que acredite el pago de derechos hacendarios sin la autorización del propietario, etcétera.
• El traslado del vehículo a otro estado o al extranjero, sin la autorización del arrendador; y
• utilizar el vehículo para cometer otros delitos dolosos.

“A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores, se le considerará copartícipe”,

añade dicha propuesta.

Asimismo, en la propuesta se propone adicionar el Artículo 143 Ter al Código Penal estatal en la que se establece una pena entre cinco a diez años de prisión a quien utilice documentación y/o identidad falsa para la renta de un vehículo mecánico o eléctrico.

En la exposición de motivos de la propuesta, Ricalde Magaña explicó que con esta iniciativa se busca evitar una serie de delitos y daños a los vehículos de las 416 empresas arrendadoras que hay en el estado, que han ocasionado pérdida al sector de entre 100 y 120 millones de pesos al año.

En el documento se señala que tan sólo en el último año, más de 300 vehículos arrendados en Quintana Roo se han visto involucrados en hechos ilícitos y delictivos, debido a que les resulta más práctico a los criminales y miembros de la delincuencia organizada rentar un vehículo a bajo costo para cometer ilícitos.

Además, de que, en el actual Código Penal del estado, dichos actos “pueden encuadrar, aunque con dificultad y no en todos los casos”, en ciertos tipos penales, como el abuso de confianza, lo que ha generado un “escenario de impunidad” provocado  por un marco jurídico insuficiente, limitado e inapropiado”.