Denuncia por bloqueo en zona hotelera es asunto de empresarios

La secretaria de Gobierno afirmó que corresponde a los empresarios dar seguimiento a la denuncia.

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Cancún: Denuncia por bloqueo en zona hotelera es asunto de empresarios. (Foto: Alfredo Maya)
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María Cristina Torres Gómez, secretaria de gobierno de Quintana Roo, declaró que ante la manifestación que durante casi nueve horas bloqueó la zona hotelera de Cancún, se acordó junto con familias de los afectados, realizar revisiones constantes de los expedientes y asesoría jurídica por parte de abogados.

Asimismo, afirmó que la denuncia anunciada por los hoteleros en contra de los manifestantes, es asunto que a ellos compete informar.

El colectivo Verdad, Memoria y Justicia, se manifestó el pasado miércoles para exigir la destitución del fiscal general del estado, Oscar Montes de Oca, ante los nulos avances que se han tenido con los casos de denuncias de desaparecidos y muertos desde hace más de seis años; así como para exigir una plática presencial con la gobernadora para tratar estos temas.

En cuanto a las denuncias que los hoteleros anunciaron en contra de los manifestantes, la secretaria de Gobierno señaló que corresponde a los empresarios darle seguimiento.

Hasta el momento, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres no ha comunicado si hay algún avance con las denuncias, aunque su titular, Jesús Almaguer Salazar; señaló que la demanda sería por daños económicos y que además el reglamento de la zona hotelera prohíbe este tipo de manifestaciones en esa zona.

El gobierno del estado de Quintana Roo se comprometió a realizar en lo que queda del año una investigación encaminada a dar solución a los casos de personas desaparecidas.

“Hay una atención personalizada y puntualizada en cada uno de los expedientes, y de las víctimas indirectas. A nosotros lo que nos corresponde es llamar al diálogo, ayudar en la procuración de los expedientes y la investigación”, dijo.

Igualmente, la secretaria de gobierno explicó que para dar constancia al seguimiento de los procesos, se pretende que los abogados y los funcionarios públicos le den seguimientos mensuales y hagan corte a los expedientes, para ver cómo van los avances.

“La prioridad será el diálogo con todos los afectados, y nunca la represión”, concluyó Torres Gómez.

 

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