La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos malos manejos por 26 millones de pesos en los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, por el pago a trabajadores que no acreditaron cumplir con el perfil requerido, además compensaciones no autorizadas.

Dos informes de la Cuenta Pública 2019 correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y al Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud federal y el estado, revelan que la dependencia estatal incurrió en diversas irregulares en el pago de nóminas, mismas que hasta la entrega de los informes no fueron solventadas.

En la más reciente revisión del FASSA, la ASF encontró que la dependencia estatal de salud pagó 21 millones 068 mil pesos por concepto de compensación a 185 trabajadores, por laborar en zonas de bajo desarrollo. Sin embargo, estos estímulos no contaron con la autorización de la Secretaría de Salud, además de que no se comprobó que efectivamente se hayan presentado.

También se detectó el pago de nómina por tres millones 35 mil pesos, a ocho empleados de salud que no acreditaron contar con el perfil profesional ni grado académico para ocupar los puestos por los cuales cobraron un sueldo.

A ello se suma, un probable daño a la Hacienda Pública Federal por otros 403 mil pesos, que se entregaron a 68 personas por concepto de apoyo como auxiliares de salud. La dependencia no proporcionó un documento jurídico que especifique y justifique esos pagos.

En lo que respecta al informe de revisión del convenio coordinación entre Quintana Roo y la federación, la Auditoría detectó otro presunto daño por 1.7 millones, correspondientes a pagos realizados a seis trabajadores, de los cuales, no se proporcionó la documentación que acredite el perfil requerido para ocupar el puesto bajo el cual les pagaron.

Las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación derivaron en pliegos de observación, además de la promoción de acciones de responsabilidad en contra de los funcionarios públicos encargados.

Los señalamientos por pagos a personal que no acreditan su relación laboral con los SESA, o bien que no comprueban contar con el perfil idóneo, han sido recurrentes en por lo menos los últimos tres informes del órgano de fiscalización (2017, 2018 y 2019).