El próximo domingo 28 de febrero la juez de control definirá la situación legal de los 11 policías acusados de lesiones, robo, abuso de autoridad, entre otros cargos; contra las víctimas de la represión del 9 de noviembre frente al Palacio Municipal de Cancún.

Javier Sotelo Nava, abogado de las víctimas, explicó que en esa audiencia se definirá si son sujetos a proceso penal en una audiencia pública que se llevará a cabo el próximo domingo en la mañana.

“La juez va a tomar la decisión ese día y a informarnos si va a vincular o no el proceso. A nuestra manera de ver, no sabemos qué va a ser, dudamos, pero bueno, habrá que ver en la audiencia”.

Señaló que ya no se puede conceder una ampliación más del plazo para presentar pruebas por parte de la parte defensora de los 11 elementos de la Policía Municipal, por lo que el próximo domingo se resuelve la situación jurídica de los imputados.

El entrevistado señaló que el proceso penal, en caso de que se vincule a los imputados, no debe durar más de un año en emitir una sentencia firme en este caso.

“Es posible que si dictan auto de vinculación a proceso, para abril o mayo estarían dando la fecha”.

Aunque señaló que se esperan más ampliaciones a la denuncia contra aquellos involucrados que vayan saliendo.

Una de las ampliaciones es un proceso en contra de los miembros del Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez, a quienes acusan de conducta omisa ante los abusos de autoridad cometidos aquella noche en el que los elementos de la Policía Municipal dispararon balas para dispersar una manifestación contra los feminicidios en Cancún.

“Su conducta omisa mando un mensaje de ´hagan lo que quieran, no importa si dañan, lastiman o lesionan’; entonces ahora los integrantes del ayuntamiento responderán por esos actos”.

Sotelo Nava explicó que esta ampliación hará que cada uno de los regidores que integran el Cabildo sea investigado para deslindar su responsabilidad en dicho operativo.

Además, indicó que también se busca sentar un precedente para que en lo sucesivo cualquier funcionario que asuma sus responsabilidades, rinda cuentas ante la sociedad y el Estado por sus omisiones.

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