Los financiamientos de cientos de proyectos del campo en el país, incluyendo cinco en Quintana Roo y Yucatán, fueron utilizados para otros fines, menos para la industrialización del campo. La Fiscalía General de la República será la que determine, ahora, si los beneficiarios del dinero federal incurrieron en un delito que amerite la cárcel.

El pasado 16 de julio, la Auditoría Superior de la Federación interpuso dos denuncias penales en contra de quien o quienes resulten responsables por hechos probablemente constitutivos de delito, con base en una auditoría forense practicada al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.

El programa, a cargo de la entonces Sagarpa, ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), tuvo un presupuesto de 717.3 millones de pesos, de los cuales, 48.2 millones fueron transferidos a tres beneficiarios de Yucatán y dos del estado de Quintana Roo.

Fue el 19 de enero de 2018, cuando la ASF concluyó la auditoría forense identificada con el número 296-DE, aplicada a la cuenta pública 2016 de la dependencia federal.

“Con motivo de la fiscalización superior practicada a Sagarpa en los últimos cinco años, se han observado conductas irregulares en la aplicación de los subsidios, de supuestos beneficiarios, quienes presentan documentos bancarios alterados o comprobantes fiscales de proveedores no localizados para la comprobación de los recursos públicos, para simular la acreditación de los proyectos con lo cual se presume la inexistencia de las operaciones”, señaló en su oportunidad el órgano federal.

Dos años después se materializaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), según el más reciente informe sobre el impacto de las acciones de la ASF, que identifica los recursos legales con los números 1023 y 1027.

Aunque no se dan a conocer detalles sobre los directamente denunciados, los resultados de la auditoría forense, indican que en la enorme lista de proyectos financiados por la entonces Sagarpa, cinco corresponden a la Península de Yucatán.

El proyecto de mayor envergadura corresponde a la empresa Carnes de Cerdo de Yucatán S. A. de C. V. que recibió, 19.8 millones de pesos. El dinero debió ser para la construcción de una planta empacadora de carne selecta de cerdo.

Según la instancia federal los documentos presentados para su comprobación fueron alterados, además de que se usaron por lo menos tres empresas fantasmas. Las visitas realizadas al sitio el 30 de agosto de 2017 por la ASF, revelaron que el dinero no fue aplicado.

“En el sitio del proyecto se observó la existencia de siete naves tipo industrial, las cuales se encuentran ocupadas en la producción de cerdo, es decir, corresponden a una granja de producción porcina, que es diferente de la planta empacadora autorizada. El beneficiario manifestó que, los recursos federales fueron aplicados parcialmente en las siete naves; sin embargo, se observó que no son de reciente adquisición”, explica el informe.

Otra empresa fue ARPEN S.P.R. de R.L. de C.V., que tuvo un subsidio de 17.6 millones de pesos para el equipamiento de una planta extractora y concentradora de jugos y aceites esenciales citrícolas en el municipio de Akil, Yucatán. Durante la revisión, la empresa presentó informes bancarios alterados.

El tercero es Transportes Especializados GAL, S.A. de C.V. al que se le otorgó 4.5 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un Túnel de congelación para productos agropecuarios en Mérida, Yucatán.

Además de que la solicitud fue recibida en fecha posterior al cierre de la ventanilla, en las visitas domiciliarias a sus proveedores, cuatro no fueron localizados y uno se negó a proporcionar la documentación solicitada; además de que cuatro compartían socios entre sí.

En lo que respecta a Quintana Roo, los proyectos que fueron financiados con recursos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria en 2016 fueron un rastro para pollos de la empresa Planta Procesadora Avícola de Chetumal con 4 millones de pesos y un proyecto de organización Plantación el Boledo S. C. de R. L. de C. V. por dos millones 269 mil 400 pesos.

“La empresa recibió recursos del subsidio por 4,000.0 miles de pesos para la construcción de un rastro avícola en Chetumal, Quintana Roo. Al respecto, en la visita domiciliaria realizada, se constató que aún no concluye su proyecto (falta finalizar la obra y la instalación de maquinaria y equipo); queda pendiente la presentación de la conciliación final de facturas y el pago de las mismas”, señaló la ASF en el primer caso.

Hasta la fecha, esa planta ubicada a la altura del C4 sigue sin funcionar.

El segundo proyecto, consiste en la construcción de una planta procesadora de coco y sus derivados, de la organización Plantación El Boledo, S.C. de R.L. de C.V.

“Se presume que la documentación presentada por la beneficiaria está alterada. El 6 de septiembre de 2017 se realizó visita domiciliaria a la empresa en el domicilio del proyecto, y la representante legal entregó el estado de cuenta bancario emitido por el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2016, en el que se observan los movimientos de los días 1, 2 y 22 de diciembre de 2016, así como una transferencia del 23 de diciembre del mismo mes y año, sin embargo, en el análisis del estado de cuenta bancario obtenido, se observó que difieren del documento entregado por el beneficiario, y que el saldo real antes de la ministración del recurso era de 11.4 miles de pesos, por lo que se observó que no comprobó el total del proyecto, ni realizó sus aportaciones comprometidas, por lo que debió restituir la totalidad del subsidio”, detalla la auditoría.

A las dos denuncias presentadas en julio pasado, se suman dos más interpuestas a finales del año pasado, derivadas de auditorías a la cuenta pública 2017 de la Sagarpa. Uno de los proyectos financiados en Quintana Roo durante ese año fue el rastro TIF Municipal ejecutado por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

La ampliación y remodelación del rastro ubicado en el Parque Industrial, tuvo un costo de 29 millones 968 mil pesos, de los cuales, 12 millones 917 mil pesos correspondieron a subsidios otorgados por la Sagarpa. Del total, 2.4 millones de pesos siguen sin ser comprobados.