La violencia en Cancún es intolerable; las amenazas y ejecuciones de los grupos criminales ocurren diariamente, convirtiendo al destino turístico más importante de Latinoamérica en el punto más peligroso de Quintana Roo y aunque el gobierno federal ha prometido un plan integral que debiera ser presentado en esta semana, la intervención de los cuerpos de seguridad nacionales simplemente es imperceptible.

El 5 de julio pasado, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, anunció que se aplicará un “’modelo de seguridad para puntos turísticos’, especialmente para Cancún, Los Cabos y Acapulco, en donde la delincuencia ha rebasado a los gobiernos estatales”, acciones que se anunciarían en un plazo máximo de dos semanas, plazo que se cumple en esta que inicia.

La declaración la hizo en Mérida, Yucatán, al inaugurar el Foro Gobernanza hacia un Turismo Sustentable, pero desde abril de este año el funcionario anunció que se planean ya mecanismos fiscales para incrementar la recaudación y destinar lo obtenido al combate a la delincuencia, y para instrumentar además estrategias como la Policía Turística; corporación que debiera comenzar a operar en las siguientes semanas, una vez que el plan piloto de seguridad para los destinos turísticos sea presentado.

Ahora bien, el secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, reveló este fin de semana que el impuesto que pretende crear la federación para el combate a la delincuencia no entraría en vigor antes de dos años, pues el paquete económico 2018 ha sido ya presentado y aunque el gravamen se aprobara para 2019, por el periodo de adaptación fiscal, su aplicación efectiva sería hasta 2020; ojalá entonces que el anuncio hecho por De la Madrid Cordero no se quede sólo en declaraciones, pues tan sólo este fin de semana hubo por lo menos cinco personas asesinadas en Cancún por el crimen organizado.

El plan anunciado por De la Madrid Cordero será instrumentado, según su propio dicho, por la Secretaría de Gobernación (Segob), pues la intención es ir a fondo en el combate a la delincuencia; el problema radica en que desde su declaración hasta ahora, dos semanas después, ha habido por lo menos una decena de ejecutados tan sólo en Cancún, y evidentemente la situación es más grave si se contempla la situación de Los Cabos y Acapulco; por ello habría que preguntarse si, más que crear policías turísticas, no sería fundamental poner a trabajar a la Procuraduría General de la República, y a los elementos de ese enorme experimento fallido de la administración de Enrique Peña Nieto llamado Gendarmería Nacional.

A la administración de Enrique Peña Nieto le queda menos de un año, por ello es que las acciones federales no pueden ser más que un paliativo para la enorme inseguridad; faltará ahora que se realicen y su involucramiento sea real, pues hasta ahora las autoridades estatales en Quintana Roo han recriminado el papel secundario que han tenido cuando su responsabilidad es primaria en el tema. Esperemos entonces que la carencia de recursos no sea un pretexto.

Como recapitulación, esta semana será pues fundamental para el tema de seguridad y justicia, pues aún está pendiente que el fiscal estatal, Miguel Ángel Pech Cen, realice las prometidas detenciones en contra de funcionarios que saquearon las arcas públicas en la administración de Roberto Borge Angulo; y al final de la misma deberá anunciarse también la estrategia federal para el combate a la criminalidad en los puntos turísticos mexicanos; y mientras todo ello ocurre, los ciudadanos “de a pie” seguimos esperando a ver cuál de las promesas se cumple, pues los delincuentes –los de cuello blanco y los narcotraficantes– siguen gozando de su libertad y haciendo de las suyas.

El panorama por ahora es poco alentador, en menos de un año cambiará el gobierno federal; además, por los magros resultados y la renuencia a coordinarse con el estado, es casi seguro que el gobierno de Benito Juárez también sea diferente al actual, y si a eso se suma la actuación de un fiscal estatal que no termina por entender la labor que debe realizar, la única esperanza es que a aquel municipio llegue un aliado verdadero del gobernador, y que las acciones del gobierno federal sean más que promesas; mientras tanto, los ciudadanos aquí seguimos padeciendo.