La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 solicitó a las autoridades aplicar la pena máxima a Mario Marín, a quien la madrugada de ayer se le dictó auto de formal prisión por el delito de tortura.

Fue el juez segundo de distrito con sede en Cancún quien negó al ex gobernador de Puebla el beneficio de arraigo domiciliario, tras vencer el plazo constitucional.

Integrantes de la ONG aseguraron, en conferencia de prensa, que cuentan con las pruebas suficientes para documentar y comprobar la tortura a la periodista Lydia Cacho, ordenada presuntamente por Marín Torres.

Entre las pruebas están las que son de dominio público, como la conversación telefónica donde el empresario Kamel Nacif, agradece al ex mandatario poblano la detención de la periodista.

“Mi gober precioso” fue el inicio de aquella conversación que le acuñó el apodo a Mario Marín.

Luis Knapp, coordinador legal de Artículo 19, aseguró que la vinculación a proceso y auto de formal prisión a Marín Torres es un triunfo para la libertad de expresión, pues dijo, en México prevalece la impunidad y no es común que se sancione a autores intelectuales de delitos contra periodistas, menos aun cuando se trata de funcionarios de alto nivel.

El activista recordó que en el periodo de Roberto Borge en Quintana Roo se registró un alto número de agresiones contra comunicadores.

Sin embargo, el ex gobernador del estado no fue procesado por delitos relacionados con derechos humanos, sino los de otra índole como ejercicio indebido de la función pública.

Pedro Cárdenas, coordinador de documentación de Artículo 19, solicitó a las autoridades mexicanas aplicar la pena máxima correspondiente al delito de tortura, la cual ya fue documentada y acreditada por la Organización de las Naciones Unidas.

Araceli Andrade, abogada de Lydia Cacho, explica que Mario Marín está siendo juzgado bajo el antiguo sistema procesal. La Ley aplicable es la que estaba vigente en Quintana Roo al momento de cometer el delito, que no consideraba como delito grave a la tortura, de manera que la pena máxima es de 12 años y la mínima de tres.

Andrade también habló sobre la situación del empresario Kamel Nacif, que se encuentra en condición de prófugo, con ubicación presuntamente en Líbano.

La defensora de Lydia Cacho sostuvo que ya se está haciendo la traducción del expediente al idioma árabe, para facilitar la colaboración entre ambas naciones y cumplimentar la orden de aprehensión.

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