El nuevo coronavirus que ha complicado la situación económica de las familias puso nuevamente en evidencia la enorme brecha que existe entre hombres y mujeres, cuando de ganarse el sustento diario se trata.

En Quintana Roo, uno de los estados más golpeados por la pandemia, 114 mil 757 mujeres en edad laboral han tirado la toalla en la búsqueda de un empleo.

Pero el problema no es sólo la situación económica que complica la contratación por parte de las empresas, sino que casi la mitad de ellas lo hizo porque nadie quiso ayudarlas con las labores en el hogar y sus hijos, o en el peor de los casos alguien les prohibió salir a buscar.

“Se consideran personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo, aquellas que son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente)”, detalla en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En esa condición se encuentran 52 mil 516 mujeres, en contraste con apenas siete mil 350 hombres que enfrentan el mismo problema. En tanto, 62 mil 241 mujeres más, simplemente dejaron de buscar por considerar que no tienen posibilidades de ser contratadas.

En tanto, de un total de 206 mil 292 féminas que tienen un trabajo en el estado, menos de los mitad, 96 mil 045, lo hace bajo un contrato de planta, el resto no tiene contrato y si lo tiene el trabajo es solamente temporal.

Lento avance en cumplimiento de Alerta de Género

A cinco años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, el cumplimiento de cada una de las medidas y recomendaciones ha tenido un lento avance.

Yunitzilim Rodríguez Pedroza, integrante de la colectiva Marea Verde Quintana Roo, menciona que pese a que las autoridades han manifestado tener un cumplimiento de 60%, en realidad el avance ha sido de alrededor de 20%.

Esto es debido a que se han concentrado en fortalecer los puntos que se refieren a la infraestructura física de las instituciones y pocos han sido los esfuerzos para modificar el comportamiento social, sobre todo de funcionarios públicos, que continúan laborando sin perspectiva de género.

“Las mujeres al final somos un estandarte político, nos usan para los discursos, que van a luchar contra la violencia, pero al final no hay compromiso real”, platica.

Un ejemplo de incumplimiento corresponde al punto 10 de la Alerta, que indica la necesidad de realizar reformas legislativas en favor de las mujeres y una vida libre de violencia, que incluye la despenalización del aborto, recientemente desechada por la XVI Legislatura.

Por su parte, Rosa María Márquez, integrante del Colectivo por la Equidad y Derechos Humanos de Quintana Roo, expresa que la falta de sensibilidad hacia los temas de violencia de género quedó demostrada con la represión de manifestantes feministas el pasado 9 de noviembre, cuando exigían precisamente una vida libre de violencia.

“Fue un agravio social balacear a mujeres, desarmadas, que protestan precisamente por la violencia feminicida, es una contradicción, una aberración lo que sucedió, un grupo agredido por las personas que te deberían de cuidar”.

Falta transparencia en investigación del 9N

En el informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan”, Amnistía Internacional señala falta de transparencia en la investigación y rendición de cuentas de los hechos del 9 de noviembre (9N) en Cancún.

En su momento, hubo una petición a las autoridades locales de información sobre el cuerpo policial que participó en la manifestación, la cadena de mando, la planeación de la operación, así como el personal herido reportado, sin embargo, la respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue en el sentido de que no se puede dar la información porque es reservada.

Ante ello, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación ante el posible impacto negativo que la conducta de estas autoridades puede tener en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos sufridas durante esta represión.

La organización considera que la violencia sexual se usó por las autoridades como una forma de aleccionar y castigar a quienes se consideraron personas revoltosas, y particularmente, “malas mujeres”.

“Las protestas de las mujeres no es porque la justicia esté funcionando bien, sino porque incluso cuando se sale a protestar, terminan denunciadas. En el mundo al revés en el que vivimos hay mujeres procesadas por salir a protestar”, señala Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Mila, de la ficción a la realidad

La violencia se vive en todos los ámbitos de la sociedad, debido a la desinformación sobre los temas de género y sexualidad, considera la escritora Trixia Valle, quien recientemente presentó en Cancún su libro “Mila, relato de una mujer chiapaneca”.

La historia es de una adolescente obligada a casarse a temprana edad con un hombre mucho más grande que ella y que termina en una relación llena de abusos.

Entre más avanza el matrimonio, la violencia en su contra aumenta y se recrudece cuando al año da a luz a una niña. Con un bebé en sus brazos, la joven madre tiene miedo de irse, pero sabe que en su comunidad la historia volverá a repetirse en su hija.

"La historia de Mila no es exclusiva de los Altos de Chiapas, se repite en las colonias y en la zona hotelera", señala la autora, al referirse a la historia de una adolescente obligada a casarse a temprana edad y que termina en una relación llena de abusos.

A través de este cuento -de descarga gratuita- se busca llegar a las niñas y jóvenes, para que reflexionen sobre los peligros que enfrentan en el seno de las relaciones de pareja.

Trixia Valle, la autora de este libro que en 2016 ganó el segundo lugar del Premio Nacional de Cuento, lamenta que después de tantos años la historia siga siendo la realidad para muchas niñas y adolescentes de México.

Féminas, blanco fácil de la violencia política

La violencia alcanza todos los ámbitos, sobre todo, cuanto se trata de la competencia por los mejores perfiles para un determinado cargo de elección popular. Las mujeres se convierten en blancos fáciles, en la búsqueda por desacreditarlas.

Ante ese escenario, las autoridades electorales han puesto en marcha un registro, donde un funcionario y tres ciudadanos son los primeros de esa lista negra por incurrir en prácticas de violencia política contra la mujer.

Elizabeth Arredondo Gorosica, consejera electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), recuerda que tres casos corresponden a un expediente en el que una diputada interpuso su queja por la distribución de volantes con contenido de publicidad sexual.

Por ello, Merced Ortiz Mayo, director de Protección Civil de Isla Mujeres, y dos ciudadanos Ángel Antonio Ortiz Franco y Christian Alberto Ojeda Chuc entraron en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política, a nivel local y nacional.

Un segundo expediente, corresponde a un ciudadano, derivado de una queja interpuesta, el año pasado, por otra legisladora en contra del empresario Carlos Antonio Mimenza Novelo, por realizar publicaciones en Facebook en las que señalaba que los cargos y/o puestos desempeñados por la diputada fueron consecuencia de una relación sentimental.

“De 2020 a la fecha, se han presentado seis casos de violencia política de género, de los cuales, tres se han resuelto por parte del Teqroo. Quedan algunos asuntos pendientes, algunos se encuentran todavía en etapas de diligencias por parte del área técnica del instituto”, menciona la funcionaria.

(Con información de: F. Duque / E. Huerta)

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