Un promedio de 282 empresas establecidas en Quintana Roo fueron requeridas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para que cumplan con el pago de utilidades, de un total 800 que serán revisadas este año.

Catalina Portilla Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social en la entidad, mencionó que esto ha permitido recuperar 49 millones 245 de pesos a favor de 18 mil 668 trabajadores a quienes los patrones debieron pagar sus utilidades entre mayo y junio.

El monto corresponde a 202 empresas, del total requerido que han acreditado el pago de esa prestación de ley, y que corresponde al año fiscal 2019.

El operativo anual de Reparto de Utilidades finalizará hasta el próximo mes de agosto derivado de que este año es atípico y muchas inspecciones o procesos se retrasaron.

Sin embargo, si un trabajador aún no recibe esta prestación puede presentar su queja ya que está considerado en la Ley Federal del Trabajo.

Portillo Navarro detalló que hasta el momento han recibido alrededor de 16 quejas por parte de los empleados, de las cuales solo una empresa ya acreditó haber cumplido, mientras que el resto está dentro del término de ley.

“Las quejas no son un número elevado y esto en parte se debe a que hay mucha movilidad, que se fueron a otros estados, y a quienes despidieron por la pandemia, en sus liquidaciones se hizo el pago correspondiente, esto de acuerdo con los convenios en los sindicatos”, mencionó.

El reparto de utilidades es un derecho que debió pagarse a los trabajadores pese a la pandemia, pues las declaraciones que presentan los patrones al Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron del ejercicio fiscal 2019, que si bien pudo no ser un buen año, la STyPS hace el cruce para identificar cuales sí reportaron utilidades.

Para recibir esta prestación es necesario que los trabajadores hayan laborado al menos 60 días en empresas con utilidades netas de 300 mil pesos o más, según su declaración fiscal.

De no recibir esta prestación o hacerlo de forma incompleta, los trabajadores tienen plazo de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha límite establecido, para reclamar el pago de las utilidades, que debió ocurrir los últimos días de mayo y junio.