En Quintana Roo, durante las últimas tres décadas, más de 200 mil hectáreas ejidales han pasado a manos de particulares, principalmente en los destinos con alto potencial turístico.

“Privatización y despojo de la propiedad social” es como el Consejo Civil Mexicano para la Selvicultura Sostenible ha denominado al fenómeno que se ha presentado en la región durante los últimos 30 años, principalmente en el Caribe Mexicano.

Un estudio de esta organización apunta que el avasallante desarrollo inmobiliario ha desplazado a los dueños originales de las propiedades, cuyo valor hoy asciende a millones de dólares.

Entre 1993 y 2018, en Quintana Roo 208 mil 469 hectáreas de tierras de uso común fueron parceladas formalmente para cambio de dominio.

“Los cambios de destino promovidos en Quintana Roo han involucrado ejidos muy específicos que han realizado estas acciones en superficies mayores a las 10 mil hectáreas en momentos precisos y corresponden al desarrollo turístico y urbano de la entidad”, apunta la ONG-.

En mismo periodo, en Yucatán se parceló un total de 103 mil 575 hectáreas y en Campeche 43 mil 260 hectáreas.

El CCMSSS apunta que en 1992 fue reformado el artículo 27 de la Constitución mexicana, el cual rige los bienes y recursos de la nación, incluyendo la tierra, el subsuelo y las aguas. La reforma tuvo varios objetivos, entre los que destacan dos: finalizar el reparto de tierras vía la reforma agraria y abrir al mercado aquellas tierras dotadas o restituidas como ejidos y comunidades respectivamente, que hasta ese momento tenían el carácter de inalienables.

Después de estos cambios constitucionales llegó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió otorgar títulos de tierra individuales
En la Península de Yucatán el programa Procede se instauró en 1,248 ejidos (264 en Campeche, 708 en Yucatán y 276 en Quintana Roo).

La organización relaciona a este fenómeno con “la mafia agraria”, es decir, aquellos empresarios que fueron favorecidos con la venta de tierras a costos preferenciales o a través del despojo de las mismas.

Holbox, refiere el estudio, es uno de los casos más conocidos y emblemáticos de privatización de tierra ejidal; su análisis permite identificar a los diferentes actores, instrumentos y modalidades que intervienen en el proceso de despojo promovido por la mafia agraria, por el acaparamiento de tierras que hubo en el lugar por parte de empresarios regiomontanos.

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