La transparencia en la contratación pública sigue siendo uno de los pendientes en el estado, donde los municipios de Quintana Roo y entidades públicas privilegian las compras y contratos de servicios a través de procedimientos de adjudicación directa o invitación restringida, es decir, sin competencia.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), durante 2019, se firmaron un total de mil 038 contratos por una suma total de 708.5 millones de pesos.

De ese total, menos del 16 por ciento fue asignado a través de un proceso abierto de licitación pública. El otro 84 por ciento se adjudicó directamente o por invitación restringida, contrario a toda recomendación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para evitar corrupción.

La adjudicación directa, según la SFP, es un procedimiento de compras públicas reservado para cuando solo exista un proveedor del bien o servicio que se requiere, cuando se trate de una emergencia o para fines militares.

La dependencia señala que el procedimiento de compra más adecuado y obligatorio es la licitación pública abierta, el que menos se utiliza en Quintana Roo, para asegurar al estado o municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias.

El diagnóstico elaborado por el Comité de Participación Ciudadana revela que la corrupción se percibe en todos los ámbitos de la vida pública en la entidad: discrecionalidad en el reparto de ayudas sociales en el Congreso, ausencia de mecanismos para una adecuada planeación programática presupuestal, falta de reglas de operación de programas sociales, preferencia por adjudicaciones directas o licitaciones restringidas en contratos y rezago en digitalización de trámites.

Durante las encuestas, la Policía de Tránsito, Preventiva, jueces y Ministerio Público fueron las autoridades con la peor percepción de corrupción. En contraparte, la Policía Federal, el Ejército y la Marina tienen la mejor percepción.

Cuatro de cada 10 personas consideró que la impunidad es la principal causa de la corrupción.

Quintana Roo mantiene bajos niveles de denuncia: sólo 2 de cada 10 personas que han sufrido algún acto de corrupción, ha denunciado.

La ciudadanía considera que denunciar es una pérdida de tiempo, "lo que, en alguna medida, estaría relacionado con debilidades institucionales --estructuras, procesos, personal no profesionalizado o falta del mismo-- de las instancias encargadas de investigar y sancionar las conductas relacionadas a responsabilidades administrativas o posibles actos de corrupción", señala el diagnóstico.

Al preguntar si alguna vez les solicitaron dinero para realizar un trámite 4 de cada 10 personas contestaron que sí.

En Quintana Roo, en promedio una persona realizó 11.8 trámites, pagos o solicitudes de servicios en el año. De estos, 4 de cada 10 personas acudieron a instalaciones de gobierno para realizarlos, lo cual habla del rezago en materia de digitalización de los trámites y servicios.

De igual manera, resalta la discrecionalidad en el reparto de ayudas sociales desde el Congreso del estado. En 2018 y 2019, el costo de estas ayudas significó el 12 por ciento del presupuesto total asignado al Congreso.

Los autores señalaron que ninguno de los programas o acciones sociales ejecutados fueron localizados en el Presupuesto de Egresos.