Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN Q. Roo.- De las 23 denuncias que la administración de Carlos Joaquín González ha realizado contra la administración de Roberto Borge Angulo, tres son contra él, y el resto derivadas de irregularidades detectadas en el proceso de entrega recepción y vienen más como resultados e auditorías.

Por cuestiones de tiempo, las primeras denuncias realizadas parten de hechos que datan de 2013, ya que son prioritarias para que no haya una prescripción de los casos.

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Uno de los temas tiene que ver con la venta irregular de la reserva territorial del Estado, que atañe directamente al es gobernador Borge Angulo, preso en Panamá, y en proceso de extradición; y otro con el desvío de recursos al campo que fue cercano a los cinco mil millones de pesos entre 2012, 2013 y 2014, de 2015 fuer mil 500 millones de pesos y el año pasado fueron mil 800 millones de pesos.

Los delitos por lo que se han impuesto las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) han sido por diversos delitos entre los que destacan lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado, uso indebido de atribuciones.

“Esto porque las conductas son propias de la delincuencia organizada, y la Federación tiene una responsabilidad grande de integrar los expedientes donde demuestre que dos o más personas se ponen de acuerdo para delinquir en contra del estado de Quintana Roo”, explicó Rafael Del Pozo Dergal, secretario de Contraloría del Estado (Secoes).

Principalmente porque la Federación cuenta con las herramientas para conocer información financiera, fiscal y demás que pueda acreditar los vínculos entre empresas, personas, empresas fantasmas, socios, cuentas bancarias y una serie de datos que demuestre se trata de una redes que operaron mucho tiempo dentro y fuera del estado, fueron suficientes para dictar y solicitar las ordenes de aprehensión de las que ya hay detenidos.

El funcionario destacó que la presunción del daño patrimonial y económico al estado por todas esas denuncias es de 11 mil millones de pesos de los que se debe recuperar gran parte, del daño, para ello están recurriendo a todos los mecanismo y herramientas necesarias, porque de lo contrario no se atendería de fondo la causa, que es la corrupción, indicó Rafael Del Pozo Dergal, secretario de Contraloría del Estado.

En camino vienen otras ocho denuncias como resultado de las cédulas que arrojaron las auditorias celebradas, aunque por secrecía del caso, el secretario no reveló dependencias, pero adelantó que estas serán interpuestas a finales de septiembre próximo.