Congresistas demócratas y republicanos propusieron este miércoles sancionar a buques que hagan uso de puertos arrebatados a compañías de Estados Unidos como resultado de la amenaza del Gobierno mexicano para expropiar los terrenos y la terminal marítima de la firma Vulcan Materials en Quintana Roo.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazará con declarar Área Natural Protegida la cantera de la empresa Sac-Tun, antes Calica y subsidiaria de Vulcan Materials, y que incluye la Terminal Marítima de Punta Venado en Quintana Roo, los congresistas plantearon sancionar a buques que la usen.

"La necesidad de esta propuesta de Ley ha sido subrayada por acciones recientes tomadas por el Gobierno mexicano, que amenazan los derechos de propiedad de las empresas estadounidenses", dijo este miércoles la oficina del republicano August Pfluger, en cuyo distrito en Texas la empresa Vulcan Materials tiene proyectos.

Según reportes de prensa local en Quintana Roo, el Gobierno de López Obrador tendría intenciones de abrir la Terminal de Punta Venado, concesionada a Vulcan Materials hasta 2037, como un puerto para cruceros y transbordadores; los legisladores estadounidenses buscan sancionar a dichos buques.

"Las empresas estadounidenses que operan en el extranjero no deberían temer acciones gubernamentales arbitrarias que socaven sus derechos de propiedad", dijo el congresista republicano Pfluger al presentar la propuesta en la Cámara de Representantes de EU junto con otros ocho legisladores de ambos partidos.

De acuerdo con los términos establecido en la iniciativa, los buques marítimos de carga o pasajeros que hicieran uso de la Terminal de Punta Venado -en caso de que el Gobierno mexicano decidirá expropiárla a Vulcan Materials- estarían impedidos de anclar en puertos estadounidenses incluso para reparaciones.

El 8 de noviembre pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó un aviso de consulta que abre la puerta a un decreto de declaratoria de Área Natural Protegida de las 2 mil 400 hectáreas de Vulcan Materials en los municipios de Cozumel y de Solidaridad en Quintana Roo.

Además de las sanciones a los buques, la iniciativa también exige al Departamento de Seguridad Interna, a la Oficina del Representante Comercial, al Departamento de Estado y a la Oficina de Inteligencia Nacional, informes regulares sobre las amenazas de expropiación de propiedad estadounidense en América Latina.

En días pasados, congresistas y Senadores de EU han enviado dos cartas separadas a la Canciller Alicia Bárcena solicitando encontrar una solución consensuada al diferendo con Vulcan Materials, que no puede explotar la cantera en Quintana Roo desde 2022 ante acciones ambientales del Gobierno mexicano.

Desde 2018, Vulcan Materials tiene una demanda contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), bajo las reglas del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) buscando compensación por afectar su negocio.

En octubre pasado, el presidente López Obrador había hecho público haber hecho una oferta de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos a cambio de las 2 mil 400 de Vulcan Materials en Quintana Roo, algo que los propios legisladores han considerado previamente como inadecuado ante las afectaciones a la empresa.

Con información de Reforma.