El reclamo de Vulcan Materials Company por más de mil 500 millones de dólares al Estado Mexicano, tendría un impacto tanto en el gobierno de Quintana Roo como en el municipio de Solidaridad, porque entre los reclamos se encuentran supuestos pagos efectuados en su oportunidad a los gobiernos locales.

En el juicio arbitral ARB/19/1, la compañía estadounidense fundamenta no solo supuestas omisiones del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatal y municipal, que afirma impidieron la explotación de calizas en los terrenos de Calica.

En los escritos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), se mencionan los pagos de un millón de dólares al Gobierno del Estado.

Además destaca el pago de 9.5 millones de pesos al municipio de Solidaridad, de ellos 3.5 millones de pesos para realizar reforestación, diagnóstico y modificación del POEL; seis millones restantes para impuestos y gastos restantes.

Asimismo, menciona un pago de 15 millones de dólares al Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) a cambio que no se le retirara la concesión a su favor del puerto de Punta Venado.

“La disputa legal en cuestión aquí surge directamente de estas inversiones. Se centra en torno a varias medidas adversas adoptadas por México, incluido el repudio de México a su obligación de modificar el POEL, el incumplimiento de una decisión de su poder judicial que confirma que API Quintana Roo había recaudado ilegalmente millones de dólares en derechos portuarios y el cierre de operaciones en El Corchalito” (sic),

se menciona en una parte de los documentos que han sido presentados.

Problemas con Calica iniciaron en 2009

Las diferencias surgieron a partir del 2009 y se consumaron en actos de autoridad y administrativos que han tenido sus momentos más álgidos en días recientes con los reclamos realizados desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posterior vino la clausura del predio La Rosita por la Profepa, zona donde extraían caliza, actuación gubernamental federal que ha dejado prácticamente inoperante a dicha empresa.

El memorial de la demanda 19/1 iniciada por Vulcan relata que en mayo de 2013 tras un fallo judicial que confirmaba que las tarifas portuarias cobradas por la Administración Portuaria Integral (Apiqroo) eran ilegales, el entonces gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, hoy preso, se comunicó con representantes de Calica para negociar un acuerdo integral que le permitiera resolver diversas problemáticas por las que atravesaba la empresa para continuar con la extracción del material pétreo.

El memorial lo denomina “Acuerdos 2014”, y da a conocer un cronograma de obligaciones mutuas, tanto de Calica, como de los diversos gobiernos de México involucrados en el asunto.

El principal punto fue la instalación del comité encargado de analizar y modificar el POEL de Solidaridad, aún vigente; en cambio, Calica tendría que realizar el pago de 9.5 millones de pesos para acciones de reforestación y organización de consultas, actos que la trasnacional alega realizó; en tanto, del lado mexicano, agrega el memorial, no se cumplió el objetivo de modificación del POEL.

En la contestación del Estado Mexicano, registrada bajo el nombre “Réplica al escrito posterior a la audiencia”, alega que dicho documento no es vinculante y que el POEL es un ordenamiento que protege el derecho al medio ambiente; asimismo, menciona que el cobro de la Apiqroo fue legal porque se encuentra facultado para hacerlo.

Por otro lado, en la notificación de sometimiento a una reclamación de arbitraje de conformidad al capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), puntualiza que el reclamo de Calica por cobros de tarifas en Punta Venado, puerto concesionado a su favor, es de 13 millones de dólares. 

Aunado, en 2018, la Profepa clausuró los dos predios El Corchalito y La Adelita, donde extraía material pétreo que era enviado a ciudades del sur de Estados Unidos para la construcción de casas y carreteras, por lo que ante esta situación, exige ahora la cantidad de mil 529 millones de dólares como compensación, más gastos por daños y costas judiciales.

Actualmente, el procedimiento de arbitraje se encuentra pendiente de resolución en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias (Ciadi), con sede en Washington,  con una audiencia de resolución programada para el segundo semestre del año que tendrá verificativo bajo la conducción del juzgador Albert Jan Van Den Berg, de nacionalidad holandesa.

Novedades de Quintana Roo ha buscado a los representantes de Sac-Tun, nombre comercial de la trasnacional; sin embargo, no han dado respuesta a una petición de entrevista.