El Juzgado octavo de Distrito niega una suspensión contra la orden de aprehensión de Celia Rangel González, involucrada en este delito en perjuicio de habitantes de la colonia Colosio, en Playa del Carmen.

El Juzgado Octavo de Distrito negó una suspensión definitiva contra la captura de Celia Rangel González, involucrada en el desfalco de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), por lo que continuará en prisión.

El citado órgano jurisdiccional acordó negar la suspensión de captura y vinculación a proceso en un juzgado estatal de Cancún a principios de mayo.

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega a la suspensión definitiva”(sic), acordó el órgano jurisdiccional federal.

Este acuerdo salió en el con texto de que se busca resolver el conflicto de la Derimaya con el Gobierno del Estado, porque este último acusó a su administración de fraude, precisamente del que fue parte Celia Rangel.

Celia es hija de Ofelia González Witt, principal accionista privada de la Derimaya, de acuerdo con documentos consultados. Celia tramitó un amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso y el decreto de prisión preventiva justificada del pasado 7 de mayo.

Estas medidas sedes prenden de la carpeta administrativa con terminación 218/2024 que elaboró la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando fue detenida en el norte del país al tratar de abandonar territorio nacional. Ella y otra persona, de acuerdo con información emitida por la Fiscalía, están imputadas por el delito de administración fraudulenta en agravio de la Derimaya, una sociedad mercantil crea da con acciones del Gobierno de Quintana Roo y la familia Rangel González, con el objetivo de concretar los contratos de compraventa a favor de habitantes de la colonia Colosio, en Playa del Carmen.

El conflicto de la Derimaya y el Gobierno de Quintana Roo inició desde años atrás, cuando se ordenó su disolución porque ya se sospechaba que los accionistas menores, quienes ejercían actos de administración, estaban realizando ejercicios ilegales.

En enero, las instalaciones fueron tomadas y los bienes muebles asegurados por la FGE por el deli to de administración fraudulenta. Los habitantes de la Colosio han demandado por años la regularización de sus terrenos con documentos que acrediten que se trata de propiedades familia res, pues éstas, a pesar de que se celebró la compraventa, seguían inscritas a favor de la Derimaya.