A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, dio a conocer que un juez de control, se pronunció y calificó como ilegal la detención de los dos extranjeros de sexo masculino quienes fueron detenidos por su probable participación en el delito de corrupción de menores vinculado a la desaparición de dos menores en Cozumel.

La desaparición y posterior localización de dos menores de edad, se dio gracias a sus propios familiares quienes hicieron un perturbador descubrimiento en un domicilio de la colonia Centro de Cozumel, dónde fueron rescatados sus hijos.

Por lo tanto, el organismo autónomo continuará con las indagatorias, para judicializar la carpeta de investigación sin detenidos, a fin de procurar justicia a los adolescentes inmiscuidos en este probable hecho constitutivo de un ilícito.

Centran caso en cuatro presuntas víctimas de corrupción de menores

Marina Del Carmen Aburto León, titular del SIPPINA, mencionó que se dará seguimiento a la denuncia pública de presiones e irregularidades del ministerio público sobre los adolescentes Saúl y Humberto, retenidos por la fuerza por un par de extranjeros con fines supuestamente de índole sexual.

De acuerdo con datos proporcionados por la funcionaria, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya confirmó que uno de los cinco jóvenes retenidos de manera ilegal, es mayor de edad, por lo que el caso se centra en los cuatro restantes.

Aburto León puntualizó que, al menos en los dos últimos años, este es el único caso de este tipo que se ha registrado. Según datos de la Unicef, el Caribe mexicano es uno de los tres lugares en territorio mexicano en el que operan organizaciones criminales de explotación sexual infantil y corrupción de menores.

La noticia del aseguramiento de dos extranjeros que retenían a los cuatro menores y un adulto, saltó del ámbito local al nacional al ser retomado el lunes por medios de comunicación nacionales, por la relevancia del caso.

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Cozumel explicó que el sistema funge como ente coordinador en la asistencia a menores en riesgo y la preservación de sus derechos. “Esto incluye y contempla el que los padres de los menores afectados cumplan con sus obligaciones. Si no lo hacen es abandono y eso es maltrato”, recalcó.

Por su parte el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que en Cozumel es dirigido por Raúl Martín Ceh Fernández, desde que tuvo conocimiento del caso se activaron los protocolos correspondientes con la participación de la Delegada Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia Guadalupe Isabel Zapata Cepeda, un psicólogo y una trabajadora social.

A diferencia de lo que los padres de los menores afectados reclaman de que no hubo asistencia, Raúl Martín Ceh afirmó que se les brindo, tanto a los padres como a las víctimas, su asistencia en todo momento.

Ceh Fernández fue enfático de que, en el ámbito de su competencia, no se permitirá este tipo de situaciones durante y después de que concluya el asunto para garantizar su seguridad.

Guadalupe Isabel Zapata aclaró que, si un menor es presentado por cualquier situación ante las autoridades policiacas o de impartición de justicia, en caso de no estar presente la procuraduría se hace cargo de su representación para salvaguardar y garantizar sus derechos.