Efectivos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumplimentaron una orden de cateo para asegurar documentación en las instalaciones de la Desarrolladora de la Riviera Maya, encargada de la regularización de alrededor de cinco mil lotes en la colonia Colosio de Playa del Carmen.

Durante la mañana del viernes fueron tomadas las instalaciones de la paraestatal, la cual había interpuesto meses antes demandas de amparo contra auditorías ordenadas por el Gobierno del Estado. Al lugar, acudió la Guardia Nacional, cuyos elementos resguardaron el sitio y la avenida principal.

La diligencia comenzó alrededor de las 11 horas, cuando arribaron de manera sorpresiva elementos armados de la policía de investigación que tomaron el control del edificio. Fueron varios vehículos tipo blindados de la corporación que rodearon el inmueble.

Durante la actuación judicial ordenada por algún juez de control, se cerró por casi dos horas la avenida Colosio de poniente a oriente. Luego fue reabierto, aunque la diligencia continuaba.

Se supo que ingresaron al edificio a realizar actividades tipo auditoría y asegurar documentación. Para ello metieron cajas de plástico, de las denominadas para archivo muerto.

Hasta el cierre de la información, el edificio continuaba asegurado. Esto ocurre en el contexto de que desde el inicio del sexenio federal, se había prometido la regularización de las familias de la popular colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, la cual inició como una invasión en 1994.

Asimismo, para lograr tal intención que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido en sus visitas a Playa del Carmen, se había propuesto la disolución de la sociedad mercantil de participación estatal Desarrolladora de la Riviera Maya.

Sin embargo, esta empresa del tipo paraestatal no ha sido disuelta. Lo anterior se pudo comprobar con una consulta de datos registrales de la Secretaría de Economía. La última asamblea de socios fue efectuada en enero de 2022 para otorgar poderes a representantes legales.

Todavía la semana pasada, continuaron saliendo acuerdos de demandas civiles a personas por incumplimiento de pago en la citada colonia, pese a que debía estar liquidada esta empresa.

El 51% de acciones se encuentran a favor del Gobierno del Estado, mientras que el 49% está a nombre de la familia González Whitt.