Días antes del final del mandato de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió clasificar como confidencial cualquier procedimiento relacionado con Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la paraestatal.

La decisión fue tomada por la Unidad de Responsabilidades de la CFE, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de uno de los principales funcionarios del sexenio.

El caso se destapó tras el reportaje de Octavio Martínez “A la sombra del Tren Maya: el paraíso secreto de los Bartlett”, publicado en la revista Proceso; que revela la existencia de propiedades millonarias en la Riviera Maya a nombre de la pareja e hijo del ex titular de CFE.

En su momento, el presidente López Obrador afirmó que se investigaría el hecho para disipar dudas, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ninguna acción concreta, más allá de la clasificación como “confidencial” de toda información relacionada con Bartlett.

El artículo, difundido en agosto, generó polémica por las adquisiciones de terrenos en zonas de alto valor como Playa del Carmen, Cancún y Tulum, cercanas a la ruta del Tren Maya. La investigación mostró que algunas propiedades se adquirieron a precios sospechosamente bajos, e incluso uno de los terrenos fue registrado con un valor de cero pesos.

A raíz de la polémica, Proceso realizó varias solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer el estado legal de Bartlett.

En respuesta, la Unidad de Responsabilidades de la CFE confirmó que no existen sanciones o procedimientos en su contra, sin embargo, también ordenó la clasificación de cualquier información al respecto como confidencial.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública también aseguró no tener antecedentes de procedimientos administrativos contra el exdirector de la CFE, según consta en un oficio terminación 930/2024, emitido por la Coordinación General de Combate a la Impunidad Unidad Substanciadora y Resolutora de la secretaría. .

El 6 de agosto, en una conferencia de prensa, el entonces presidente López Obrador instó a que se investigara si había un conflicto de intereses derivado de las propiedades adquiridas por los familiares de Bartlett, ubicadas en zonas beneficiadas por la construcción del Tren Maya.

Sin embargo, cuando se le preguntó si presentaría una denuncia formal, dejó la responsabilidad en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, una solicitud ciudadana a la FGR para conocer la existencia de alguna carpeta de investigación resultó infructuosa, pues la dependencia argumentó que no podía proporcionar información sobre posibles denuncias.

El caso también salpica a figuras de la política local, como el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y Claudia Romanillos Villanueva, exfuncionaria del Instituto del Patrimonio Inmobiliario, acusados de favorecer transacciones sospechosas.

Borge se encuentra actualmente en prisión por delitos contra la administración pública, mientras que Romanillos sigue prófuga.

El 30 de septiembre, en su despedida oficial, Bartlett afirmó dejar una "empresa más fuerte y poderosa que nunca" en referencia a la CFE, pero también señaló haber enfrentado una "intensa guerra judicial y mediática" durante su gestión, sin dar detalles sobre los responsables de dicha "guerra".

La nueva directora, Emilia Esther Calleja Alor, tendrá ahora el reto de encabezar la empresa en medio de las controversias y las demandas de mayor transparencia.

(Con información de Proceso)