CANCÚN, Q. Roo.- El Juzgado Primero de Distrito de Campeche aplazó la audiencia incidental programada para este 6 de febrero, donde se definiría la suspensión definitiva o no del proyecto de desarrollo del Tren Maya, porque ninguna de las autoridades federales señaladas en la demanda de amparo ha respondido a los llamados del juez.

Los demandados son el presidente Andrés Manuel López Obrador; el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons; el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación, los cuales han expuesto que no han sido notificados por la vía formal.

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De acuerdo con el listado de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche, que concedió una suspensión provisional a favor de los integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, la notificación fue enviada en físico a través del servicio postal el 16 de enero pasado.

Romel González Díaz, integrante del Consejo de Xpujil, alegó que las autoridades federales tratan de “alargar” el proceso y “no se han querido dar por notificados”, pues el oficio fue enviado hace más de 15 días a las cuatro dependencias.

El representante de la comunidad aseguró que, en tanto, Fonatur mantiene las licitaciones en proceso y se sigue realizando la promoción de inversión para el megaproyecto que conectaría Quintana Roo con Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los medios de comunicación que los opositores al proyecto “están haciendo el ridículo”.

Al respecto, el activista Pedro Uc Be, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y que se opone a la construcción del tren, aseveró que el mandatario de México y las dependencias, en lugar de proporcionar información que ayude al entendimiento del proyecto, han utilizado el aparato gubernamental para deshacerse de los cuestionamientos legítimos.