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Autorizan recursos para justicia laboral. (Daniel Tejada/SIPSE)
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El Gobierno Federal autorizó una bolsa de 48.9 millones de pesos al estado de Quintana Roo para que invierta en la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

Se trata de 24 millones 969 mil 145.26 pesos para la creación de los Centros de Conciliación Locales, que estarán a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y que según la ley deben ser centros especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

En tanto, otros 23 millones 996 mil 527.45 pesos serán para la creación de los Tribunales Laborales Locales a cargo del Poder Judicial de Quintana Roo, para la resolución de los conflictos entre los trabajadores y los patrones, principalmente cuando hay terminación de la relación laboral con inconformidades.

De acuerdo con el Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el plazo para ejercer los recursos vence en octubre.

En su oportunidad, José Antonio León Ruiz, presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, explicó que habrá dos Tribunales en la ciudad de Cancún, otro en Playa del Carmen y otro en Chetumal.

“Estamos muy avanzados en la implementación de la Reforma Laboral, logramos ya a principios de año sentar los proyectos que se requerían tanto para el Poder Judicial como para la Secretaría del Trabajo, fueron ya aprobados, ya estamos en proceso de comprar los equipos, remodelar los espacios”, dijo José Antonio León Ruiz.

De igual forma, destacó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) les autorizó nueve millones de pesos para el rubro de Servicios Personales del período octubre-diciembre.

Hace unos días, el Congreso del Estado aprobó un paquete legislativo que incluyen la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral así como reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo.

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