Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- En comisiones unidas, el Congreso del Estado aprobó el dictamen mediante el cual se reforma el Código Penal del Estado, para establecer en Quintana Roo el delito la violencia política por razones de género.

Según el documento avalado por los legisladores, en reunión de comisiones, propone incluir nuevamente en el Código el artículo 133 que había sido derogado en 2010 a fin de considerar el nuevo delito, en el título denominado “Delitos contra la dignidad de las personas”.

También te puede interesar: Violencia a la mujer refuta discurso de equidad

“Comete el delito de violencia política por motivo de género, quien por sí o a través de tercero, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres y/o a cualquier miembro de su familia, con el objeto de menoscabar, obstruir o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, su cargo o función pública”, señala el texto planteado.

De igual manera establece que quien incurra en ese delito, se le aplicará de 100 a 400 días multa (entre ocho mil 060 y 32 mil 240 pesos) y prisión de uno a cinco años.

En caso de que el responsable sea un funcionario público, además de la pena anterior, se le impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión públicos por un plazo de tres hasta cinco años.

El delito será imputable a hombre o mujer en agravio de una o varias mujeres, según el acuerdo tomado por los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos, de Igualdad Género, de Justicia así como de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.

Ana Patricia de la Peña, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la XV Legislatura, dijo que se trata de un importante avance en la protección de los derechos de las mujeres y se espera que la siguiente semana sea sometido a la consideración del Pleno.

Las iniciativas fueron presentadas, en su oportunidad, por Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos y por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A nivel federal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electoral inició 35 expedientes relacionados con violencia política, de los cuales, uno se registró en Quintana Roo presentado por la consejera electoral Claudia Carrillo Gasca.