Cuatro empresas de Quintana Roo lograron “vencer” a la cacería emprendida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de empresas acusadas de “vender facturas falsas” a través de la simulación de operaciones o prestación de servicios.

A través del oficio 500-05-2020-13643 recién publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer que estas empresas tramitaron su defensa en contra del “Oficio de Presunción de Inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales” que les notificó el SAT, logrando dejarlo sin efecto.

Se trata de “Asesoría Dinámica del Sur S.A. de C.V., con RFC ADS101126FL0, pagadora contratada por el Gobierno del Estado entre el 2012 y el 2015; COFIDI Consulting S.A. de C.V., con RFC CCO101203UR3, contratada en el sexenio del gobernador Roberto Borge Angulo para realizar trabajos de consultoría sin especificar; Innovación Integral del Caribe III, con RFC IIC101022ML9, de la cual no existe mayor información.

En la lista de los contribuyentes resalta Jorge Alberto Osorio Pérez, de RFC OOPJ7703065A1, quien a pesar de estar registrado en Quintana Roo, no opera en la entidad, pero sí ha ganado varias licitaciones de obra pública en Tabasco, Campeche y Yucatán, según consta en el procedimiento de contratación LP-04/AU-012F/18, donde se le contrató por 4.8 millones de pesos para rehabilitar el drenaje pluvial y sanitario en Villahermosa.

“Estas empresas fueron el blanco de una investigación del Gobierno Federal en contra de las empresas factureras que defraudaron al fisco. En otras palabras: son empresas que vendieron o entregaron operaciones simuladas por transacciones o servicios que nunca ocurrieron, una opción muy utilizada por algunas administraciones para desviar recursos, o aumentar con gastos falsos los egresos de una empresa real, disminuyendo sus utilidades y con ello el pago de sus impuestos, lo cual es un delito”, explica el contador Gabriel Andrade.

Añade que esta situación es difícil de comprobar conforme más tiempo pasa, sobre todo en el rubro de servicios, pues es casi imposible saber si un edificio público fue pintado más de 10 veces, o si se dio mantenimiento a una flotilla de automóviles hace 10 años.

“Ahora bien, el problema es que en esta cacería, el SAT está persiguiendo varias empresas en la entidad con errores en su domicilio fiscal, dedicadas al outsourcing o a la prestación de servicios tecnológicos y que tengan menos de 10 empleados. Esas fueron las razones principales por las que el SAT identificó a las cuatro empresas de Quintana Roo, y como demostraron que todos sus libros se encuentran en orden, lograron nulificar la resolución”.