Castigarán con cárcel violencia política contra la mujer
Se estableció pena corporal de entre uno y cinco años de prisión, y multa de hasta $32 mil.
Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado estableció, anoche, un nuevo delito en Quintana Roo que será castigado con una pena corporal de entre uno y cinco años de prisión, además de multas de hasta 32 mil 240 pesos.
Se trata de la violencia política por motivo de género que fue incluido en el artículo 133 del Código Penal del Estado.
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El precepto legal establece que comete ese delito, quien por sí o a través de terceros, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres y/o a cualquier miembro de su familia, con el objeto de menoscabar, restringir o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, su cargo o función públicos.
“Quien cometa este delito, se le impondrá de cien a 400 días multa y prisión de uno a cinco años”, establece el texto.
El hecho de que un servidor público incurra en ese delito, resultará una agravante, por lo que además de la pena mencionada, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un plazo de tres a cinco años.
De acuerdo con el dictamen, el tipo penal tiene como objetivo que las mujeres ya no sigan siendo objeto de importantes discriminaciones, sobre todo en el ámbito político, pues con ello se violan los principios de igualdad de derechos.
En la misma sesión, el Pleno del Congreso turnó a comisiones tres iniciativas relacionadas con las personas con discapacidad; el cambio de denominación de la Comisión de Desarrollo Poblacional del Congreso; y la modificación de facultades de la Secretaría de Gobierno y Sefiplan.
Previo al inicio de la sesión, un grupo de militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se manifestaron frente a las instalaciones del Congreso en contra de los incrementos al combustible, pero principalmente contra la Ley de Seguridad Interior, aprobado a nivel federal.
Los inconformes entregaron a la XV Legislatura un documento en el que exigen que emitan una postura a nivel federal solicitando que se eche para atrás la nueva ley, que consideran representa un ataque al derecho a la manifestación de los ciudadanos, además de otras garantías fundamentales.
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