Policías municipales, los más denunciados en Derechos Humanos
Registran 68 quejas de las 204 presentadas entre enero y febrero, según la Cdheqroo.
Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los policías municipales de Quintana Roo siguen siendo una de las autoridades más denunciadas en Quintana Roo, en materia de violaciones a los derechos humanos, con un total de 68 de las 204 registradas entre enero y febrero, por la Cdheqroo.
De acuerdo con las estadísticas, a los policías municipales, les siguen los agentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo con 35 casos; y los trabajadores de la Secretaría de Educación (SEQ) con 28 quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
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Por tipo de autoridad, las instancias estatales concentran 120 de esas quejas, la mayoría contra la FGE, la SEQ, seguidas por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y el Poder Judicial, así como la Secretaría de Saludad y otras.
El resto de las quejas corresponde a los gobiernos municipales, principalmente contra policías municipales, seguidas por jueces calificadores, directores de cárceles municipales, presidentes municipales y otras.
Las violaciones más recurrentes corresponden al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la integridad y seguridad personal, así como el derecho a la igualdad y al trato digno.
En su oportunidad, Marco Antonio Toh Euan, presidente del organismo estatal, dijo que uno de los objetivos es atacar el fondo del problema, que tiene que ver, en muchas ocasiones, con la falta de capacitación adecuada de las autoridades en materias relacionadas con los derechos humanos.
La mayor cantidad de quejas se concentran en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, con 67 casos cada uno, seguidos por Solidaridad con 34 quejas.
El pasado 20 de marzo, la Comisión emitió la más reciente recomendación por detención arbitraria, en contra de elementos de la Policía Municipal de Solidaridad, en la que se ordena el inicio de procedimientos administrativos, una disculpa pública así como la reparación del daño a la víctima.
El caso corresponde a la actuación de agentes municipales, durante un retén que se instaló sobre la avenida Constituyentes de Playa del Carmen, y que tenía como objetivo evitar que las personas conduzcan bajo los influjos del alcohol.