En un plazo de tres días, Yohanet Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, deberá justificar ante un juez federal por qué ha frenado los primeros cuatro millones de pesos necesarios para dar cumplimiento a la orden judicial de dotar de agua potable a la comunidad de Guillermo Prieto en la zona limítrofe con Campeche.

Un actuario del Juzgado Primero de Distrito, radicado en Chetumal, notificó a la funcionaria del Gobierno del Estado del requerimiento que deberá atender a más tardar el jueves de esta semana.

“Informe a este juzgado acerca del tratamiento dado al oficio CAPA/CP/DGA/0620/XI/2020 de 13 de noviembre de 2020, por el cual el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, solicitó la aprobación de los recursos financieros para realizar los trabajos necesarios en materia de infraestructura hidráulica de abastecimiento o rehabilitación de la infraestructura existente a favor de la comunidad de Guillermo Prieto”, señala el acuerdo.

El mismo documento advierte que Torres Muñoz podría ser acusada de desacato de una orden federal, en caso de no cumplir o justificar la falta de atención a la sentencia que ordena garantizar agua potable para 700 habitantes de la comunidad, enclavada en la zona limítrofe.

“Además de que se abrirá un incidente de inejecución de sentencia y los auto originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido”, menciona el documento.

Se advierte que entre los efectos señalados en las leyes vigentes es la “separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el juez de distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo”.

¿De qué se trata el caso?

Andrés Blanco Cruz, representante legal de los habitantes de las comunidades de Felipe Ángeles, Guillermo Prieto y Caña Brava, en la zona limítrofe, afirmó que la Sefiplan ha frenado aproximadamente cuatro millones de pesos solicitados por CAPA y que servirían para los estudios previos a dotar de agua potable a las comunidades.

La orden de realizar todos los actos necesarios fue dada dentro del amparo 1097/2019 emitido el año pasado por el Juzgado Primero de Distrito en contra de la CAPA así como del Congreso del Estado.

En el caso de los legisladores etiquetaron dentro del Presupuesto de Egresos 2021, un total de 100 millones de pesos para cumplir con la sentencia. Sin embargo, en el caso de las autoridades de la CAPA informaron en su momento al juez que ya solicitó la aprobación de los primeros recursos a la Sefiplan que encabeza Yohanet Torres Muñoz.

En el requerimiento judicial se aclara que, a pesar de que la dependencia estatal no es señalada directamente dentro del amparo, sí debe intervenir en la ejecución de la sentencia.

“Ya que no solamente las autoridades que hayan figurado con el carácter de responsables en el juicio de amparo están obligadas a cumplir la sentencia, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir”, remata la notificación.

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