El gobierno de Quintana Roo hizo oficial un nuevo protocolo mediante el cual autoriza intervenir y desactivar cualquier manifestación o conflicto social, incluso, cuando la información esté basada únicamente en rumores, dichos o comentarios no sustentados.

El “Protocolo para la Prevención y Actuación en Conflictos Sociales”, publicado en el Periódico Oficial del Estado, establece que en cada dependencia se creará una nueva figura, llamada “enlace”, encargada de buscar cualquier posible malestar o inconformidad de la ciudadanía con el gobierno, registrando los nombres y datos personales de los inconformes, la razón de su molestia, y el grado de problema que representaría para la “paz social”.

Esta información quedará registrada en un sistema informático o base de datos correspondiente, lo que permitirá conocer cuáles son las personas que más “conflictos” generan.

A partir de que se genere este sistema de “Alerta Temprana”, las dependencias y la Subsecretaría de Gobierno podrán aplicar las medidas necesarias para “abatir” todas aquellas manifestaciones que pudiera generar en algún tipo de violencia.

El Protocolo establece que los enlaces estarán facultados para intervenir aún y cuando los posibles conflictos se encuentren a nivel de rumores, dichos o comentarios no sustentados.

El capítulo tercero establece que una vez abierto el diálogo o mediación del conflicto, no se permitirá la intromisión de terceras personas o grupos que considere “carezcan de razones válidas para participar en el mismo”, o que no hayan sido considerados como “protagonistas en el conflicto, o apoyo político o moral” en la “Alerta Temprana”.

Una vez que se solucione “el conflicto” a través de los mecanismos necesarios, “privilegiando el diálogo”, la Subsecretaría de gobierno en la zona sur, estará al pendiente de que los participantes cumplan con los compromisos asumidos por los participantes. Sin embargo, no establece sanciones para las dependencias que no lleguen a cumplir los acuerdos.

El artículo transitorio de dicho protocolo establece que la Secretaría de Gobierno deberá convocar a las dependencias y entidades de la administración Pública Estatal, para la designación de sus enlaces, en un periodo no mayor a sesenta días hábiles a partir del pasado 25 de enero.

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