Susano Jacobo Cahuich Ku fue retirado del cargo por la Contraloría municipal para investigar presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos y actos de corrupción.

El Órgano Interno de Control de la Contraloría municipal hizo la notificación formal de la sanción, a menos de dos meses que concluya la actual administración municipal, para llevar a cabo las investigaciones.

A través del oficio con número MOPB/CM/DAQPRA/AS/0700/2021 con fecha 11 de agosto se le ordenó a Otoniel Segovia Martínez a hacer efectiva la separación temporal e inmediata del servidor público y se le hizo un apercibimiento para que no lo vaya a poner en otro cargo.

“Se apercibe al Presidente Municipal… para que evite dar nombramiento, cargo o comisión distinto al que ahora detenta el presunto responsable, o de habilitarlo en otro cargo de igual o menor nivel dentro de la administración pública municipal… en caso contrario estaría incurriendo en una falta administrativa grave de los servidores públicos… y que se tipifica como DESACATO”, dice el documento.

Desde el inicio de la administración, presidida por Otoniel Segovia Martínez, integrantes del Cabildo de Othón P. Blanco presentaron varias quejas ante la Contraloría municipal, por irregularidades en la aplicación de los recursos, contra  Susano Jacobo Cahuich Ku y otros funcionarios.

Entre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, se encuentran el “inflar” los precios en la adquisición de luminarias para Chetumal, de hasta tres veces más el costo y en la aplicación de recursos federales del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Es el sexto funcionario de Otoniel Segovia Martínez que es separado de su cargo por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos o desempeño de sus funciones; el director jurídico, de Servicios Públicos, Oficial Mayor, son algunos de los que han sido separados de sus cargos para ser investigados, todos por la Contraloría Municipal.

“Era una determinación que ya estábamos esperando, habíamos estado exigiendo que ocurriera y a menos de dos meses de que concluya la presente administración se le hace la notificación a este servidor público”, dijo la regidora María Hadad Castillo.

Resaltó que se tiene un período de siete años para que los funcionarios de la administración de Otoniel Segovia Martínez respondan en caso de irregularidades a las auditorías que se realicen.

De igual forma, recordó el motivo de la denuncia ante la Contraloría Municipal, porque dicho funcionario pagó hasta tres veces más la rehabilitación de cada luminaria, aproximadamente cinco mil pesos, cuando el precio regular es de mil 500 pesos. A finales del año pasado, por los tres mil 002 focos y cambio de cableado se pagaron 15.5 millones de pesos.

La regidora comentó que espera que no se dé “carpetazo” a los expedientes, sino que se tome el tiempo que sea necesario y se emitan las sanciones correspondientes porque son recursos públicos que no deben ser para beneficio personal sino para la ciudadanía.