Las organizaciones ganaderas acordaron con la Guardia Nacional una estrategia en busca de reducir el robo de ganado en Quintana Roo, principalmente en el sur del estado, donde se concentran alrededor de 90 mil cabezas de ganado.

Al cierre de diciembre de 2020, fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) un total de 39 denuncias penales, por la sustracción de animales en Quintana Roo, muy por encima de los números reportados por Yucatán y Campeche.

El presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR), Sergio Crisanto Morteo, dio a conocer que el apoyo de la Guardia Nacional será en la vigilancia de carreteras federales, estatales y caminos rurales.

“Necesitamos que las autoridades sepan qué documento debe tener alguien que moviliza un animal”.

Además de ser un delito del fuero común, en 2017 fue incluido en el catálogo de delitos federales, pero es hasta ahora que se da este acercamiento con representantes de la Guardia Nacional, con la finalidad de entregarles la información sobre las condiciones y los requisitos que se necesitan para que el ganado sea movilizado en el estado.

El dirigente ganadero, dijo que las autoridades locales, nada han podido hacer para detener este delito de robo de ganado en el estado, principalmente en los municipios del sur, que corresponden a Othón P. Blanco y Bacalar.

Explicó que en Quintana Roo, el abigeato además de contemplar el robo de ganado de cualquier tipo, también contempla el robo de colmenas a los apicultores, “pero realmente todo el campo está siendo afectado por este delito”.

El dirigente de más de 20 asociaciones ganaderos locales, distribuidas en Quintana Roo, dijo que de nada sirve que el abigeato se catalogue como delito federal si, aun no existe una homologación de esta ley para su aplicación en Quintana Roo.

El Código Penal del Estado establece en su capítulo III del artículo 14 que el abigeato o robo de ganado se castiga con uno a tres años de cárcel y multas de 30 a 100 salarios mínimos.

Además desde el 2017 fue incluido en la lista de delitos federales con sanciones de dos a 10 años de prisión.

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