El gobierno de Campeche presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de queja en contra de Quintana Roo, al que ahora acusa de violar la suspensión otorgada por el máximo tribunal del país dentro de la controversia constitucional 226/2019, promovida en su oportunidad por Yucatán.

De prosperar el nuevo recurso del gobierno campechano, los más afectados serán los habitantes de la zona limítrofe, principalmente de Guillermo Prieto, en donde el gobierno de Quintana Roo tiene presupuestado para este año 100 millones de pesos para dotar del servicio de agua potable.

Los argumentos de Campeche, quien es tercero interesado en la controversia constitucional, es que de ejecutarse esa obra ordenada a través de sentencias de amparo existiría una violación a la soberanía de esa entidad, además de que la SCJN de la nación ordenó en su momento, que Quintana Roo mantenga las cosas en el estado en que se encontraban el año pasado.

Otras comunidades de la zona limítrofe que también se pueden ver afectadas, son las de Felipe Ángeles y Caña Brava, en las que sus habitantes también promovieron amparos para acceder al suministro de agua potable.

Al respecto, Andrés Blanco Cruz, representante legal de los habitantes de las comunidades limítrofes Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava del municipio de Othón P Blanco, señaló que el pasado 4 de febrero de 2021, la SCJN notificó al Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento de Othón P Blanco de la queja interpuesta por la Consejería Jurídica de Campeche.

En este sentido, consideró que se trata de una oportunidad para que los gobiernos del estado y municipal de Othón P. Blanco, defiendan la soberanía de la entidad.

“Gracias a los amparos promovidos por los habitantes de Felipe Ángeles, Caña Brava y Guillermo Prieto, con sentencia a favor los últimos dos casos, se ha logrado acreditar que las comunidades pertenecen al Estado de Quintana Roo”.

Añadió que el gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Othón P Blanco tienen en sus manos, una vez más, la posibilidad de ponerle fin al conflicto limítrofe con Campeche y Yucatán, y demostrar con los instrumentos jurídicos y documentales existentes que el territorio en disputa es quintanarroense.

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