A seis meses de que arranque oficialmente el proceso electoral en Quintana Roo para la renovación de presidencias municipales, la autoridad electoral local avaló un paquete de reformas, que incluye la paridad en todos los aspectos, no solo en candidaturas y pre candidaturas, sino que pretende llegar a los cargos de designación de los Ayuntamientos y el propio Ejecutivo.

Las propuestas que incluyen modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPE) y la Ley Estatal de Medios de Impugnación, serán enviadas al Congreso Local para su discusión. La intención es que sea aprobada en breve y pueda ser aplicada para la siguiente elección.

El concepto de paridad es uno de los cambios más drásticos e importantes porque de ser avalada por los diputados, el 50 y 50 entre hombres y mujeres no se quedarán en los partidos y los cargos de elección popular, sino también en ámbito administrativo.

Jorge Armando Poot Pech, consejero Electoral en el Instituto, comentó que se pretende llevar la paridad de género en los cargos públicos de designación en los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, además de los órganos electorales.

En el caso del Estado, se deberá aplicar, por ejemplo, al gabinete legal y ampliado, es decir que se deberá tener a mujeres como titulares en las secretarías y direcciones de designación, al igual que los cargos en los ayuntamientos.

Las modificaciones propuestas también incluyen la prevención de la violencia política contra la mujer en razón de género, que la ley tenga un lenguaje incluyente y garantizar además la igualdad política entre mujeres y hombres, así como inclusión de jóvenes indígenas.

“Serán presentadas a la XVI Legislatura, el Instituto debe adecuar sus normas, protegiendo siempre las reformas de paridad y violencia política contra las mujeres, que son fundamentales para el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales para ejercerlos”, informó la autoridad electoral.

Respecto de la Ley de Medios se propuso el uso de lenguaje incluyente en el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Quintanarroense (JDC) y ampliar la procedencia en los casos donde exista la posibilidad de violación a derechos político electorales.