En los últimos años, el campo quintanarroense quedó prácticamente en el olvido. Pero ahora, cuando ciudades como Playa del Carmen y Cancún luchan día a día por mantener apenas a flote sus economías, el machete y el arado se han convertido en un refugio para miles que se quedaron sin ingresos.

En 2019, solo un año antes del impacto de la pandemia, 2 de cada 10 personas que se dedicaban a la producción del campo, en alguno de los municipios rurales, había enfundado el machete para buscar otras maneras menos trabajosas de ganarse la vida.

En números reales, solo de 2010 al 2019, 17 mil 419 personas abandonaron las labores de cultivo, ganadería y cacería, para un trabajo asalariado en restaurantes, hoteles y comercios que expenden productos y recuerdos para los millones de turistas que solían disfrutar del Caribe mexicano.

Sin embargo, tras desplomarse la actividad, aquellos que no pudieron emigrar con destino a otras entidades o permanecer en las ciudades en espera de tiempos mejores, no les quedó de otra más que regresar y practicar la herencia de sus abuelos: la tumba, roza y quema para producir alimentos.

El año pasado fueron 22 mil 904 personas las que se reincorporaron a las actividades agropecuarias en Quintana Roo, para hacer un total de 62 mil 639 familias dedicadas a esa actividad, según revelan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esa cantidad representa un incremento del 57.6 por ciento, comparado con un año antes.

“Ya varios ejidatarios están haciendo milpa, preparándose para la quema, porque están próximos a sembrar y pues sí, los jóvenes intentan apoyar a los papás para esos trabajos, muchos han venido de la Riviera Maya porque se quedaron sin trabajo”, platica Saul Che Uex, subdelegado de Naranjal Poniente, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Es así que la pandemia logró, en un año, lo que muchos padres y abuelos intentaron durante varios, que los más jóvenes volvieran al campo. De esa manera, por cada pérdida de manos que tuvo en 2019, ahora tiene tres más.

Pero el campo no garantiza en lo más mínimo los ingresos económicos perdidos

Aunque pareciera que una inyección de casi 23 mil trabajadores al sector primario, podría representar una esperanza de rescate para ese rubro, no hay nada más alejado de la realidad.

Los números del Inegi también revelan que aquellos que se quitaron de las ciudades turísticas, fueron hacia las comunidades rurales únicamente a sobrevivir, produciendo si acaso lo suficiente para comer.

Antes de que el virus SARS-COV 2 cerrara puertos y aeropuertos, asfixiando la industria de las vacaciones, casi 7 de cada 10 familias hacían del campo un negocio, y solo 3 practicaban la actividad como una manera de sobrevivir.

Al cierre de 2020, casi 6 de 10 personas se dedica ahora a la agricultura de subsistencia, mientras que solo cuatro lo hacen como una actividad comercial.

Los nuevos hombres de campo no sirven para el trabajo duro

Las estadísticas oficiales indican que casi la mitad de quienes volvieron al campo son jóvenes, principalmente de entre 20 a 29 años de edad, seguido de aquellos de 15 a 19 años. Algunos nunca habían trabajado en ese tipo de ambiente.

Por ejemplo, la región cañera de Quintana Roo en la ribera de Río Hondo, que suministra materia prima al Ingenio San Rafael de Pucté, requiere hasta 3 mil jornaleros locales para el corte de caña, pero en la zafra más reciente apenas logró conseguir mil.

Esa situación obliga a los productores de caña de azúcar a traer mano más de obra foránea y comprar máquinas cosechadoras para compensar el déficit, a pesar de que precisamente en 2020, Quintana Roo tenía casi 23 mil hombres de campo adicionales.

Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación Local de Productores de Caña, dice que esta situación se debe a que la mayoría de los campesinos que se dedicaban al corte de caña han envejecido y sus descendientes desde jóvenes renunciaron al trabajo bajo el sol y prefirieron opciones menos extenuantes en las ciudades.

“Todos queremos que nuestros hijos se superen, no estamos en contra de eso, la vida del campesino es difícil, por eso nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la manera de contrarrestar la perdida de la mano de obra local”, comenta.

El riesgo de los foráneos, casi dos mil provenientes de estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca, es que en la mayoría de ocasiones solo agarran el dinero de la contratación y abandona el trabajo.

“Somos presos de los cortadores, pues en esta zafra contratamos casi dos mil y al menos mil ya se fueron, pues muchos abusan, se mandan a buscar, se les da alojamiento, herramientas para el trabajo y un préstamo, pero solo trabajan una o dos semanas y se regresan a sus Estados de origen, y se tienen que mandar a buscar otros, es un ciclo de nunca acabar”, platica.

La compra de máquinas cosechadoras y cargadoras de caña es la opción inmediata para sustituir al cortador, pero tiene dos desventajas: el costo de cada unidad supera los cinco millones de pesos y no sustituye del todo las habilidades humanas.

“Una máquina corta todo, pero no camina si hay desniveles en el terreno y no selecciona para que cada mata sea aprovechada sin desperdiciar; en resumen: las cosechadoras no tienen ojos, son ciegas”, explica.

La diferencia está en que “un jornalero corta en el lugar preciso, no hay que afilarle las cuchillas ni engrasarlo, no mete impurezas ni apila la caña al garete; es decir, rinde más que la máquina”.

La inversión para “mecanizar al campo” y lograr que la cosecha sea levantada a tiempo es otro de los conflictos que aquejan a los cañeros, a lo cual se suma el retraso de la molienda 2020-2021 debido a problemas climatológicos. (Con información de: C. Castillo y J. Caamal)

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