Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Poder Judicial tiene lista una bolsa de alrededor de cinco millones de pesos para realizar trabajos de mantenimiento que permitirán rescatar algunos edificios de juicios orales, que actualmente registran problemas de filtraciones.

Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia dijo que uno de los esos edificios es la Sala de Juicios Orales de Chetumal, donde en cada lluvia registra filtraciones graves por problemas en el material utilizado en su construcción. En ese caso se estima la inversión de 1.2 millones de pesos.

También te puede interesar: Juzgados orales, aún sin operar en Tulum

“Estamos viendo mecanismos para solucionarlo. Estamos presupuestando un millón 200 mil pesos para su reparación, incluso estamos viendo la posibilidad de utilizar recursos del FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública), donde tenemos algunos remanentes”, mencionó el magistrado.

El edificio fue construido durante la gestión del ex presidente Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y por el tiempo que lleva la construcción, se dificulta la aplicación del seguro por parte de la empresa constructora.

Otros edificios que requerirán inversión en este año, de los cinco millones programados, es el de la ciudad de Cancún, que carece de barda perimetral, lo cual garantizaría una mayor seguridad.

De igual manera, el edificio de la Sala de Juicios Orales del municipio de Tulum, a pesar de que éste último no ha entrado formalmente en funciones; para ello se requiere una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual ya está en comisiones del Congreso Local.

Antonio León Ruiz consideró que el tema de juicios orales en Quintana Roo va avanzando día a día, además de que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha desahogado la carga de expedientes, toda vez está diseñado para que únicamente el 10% de los casos lleguen a juicios.

Según la estadística, durante el año 2017, el Poder Judicial radicó en la Primera Instancia 13 mil 525 asuntos, de los cuales, ocho mil 939 correspondieron al ámbito familiar; tres mil 145 asuntos civiles; mil 301 en el ámbito penal; y 140 asuntos mercantiles.