Requieren $92 millones para ejecutar reforma laboral

Iniciaron los trabajos previos a la implementación en Q. Roode nuevos juzgados.

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Coordinaran acciones para los trabajos de la unidad. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Esta semana, entró en funciones una unidad especial del Tribunal Superior de Justicia, creada para los trabajos previos a la implementación en Quintana Roo de la reforma constitucional federal en materia de Justicia Laboral.

La unidad, adscrita a la presidencia del Consejo de la Judicatura, se encargará de coordinar las acciones necesarias para la planeación, capacitación, difusión, estudios y proyectos necesarios para aterrizar la reforma.

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De igual manera, podrá emitir opiniones consultivas al Congreso del Estado en los temas relativos a la conformación de la estructura orgánica de los órganos jurisdiccionales especializados en materia laboral, entre ellos los Tribunales.

Como parte de las demás atribuciones de la unidad, encabezada por José Rafael Rivero Martínez, está el diseño junto con la Escuela Judicial, del programa de capacitación y la coordinación con demás instituciones públicas involucradas.

Según la proyección inicial, de las autoridades, en Quintana Roo se requieren de, al menos, 92 millones de pesos para poner en operaciones el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

Se trata de ocho juzgados, la mayoría ubicadas en las ciudades de Cancún, Chetumal y Playa del Carmen y el resto en los demás municipios.

De acuerdo con las estimaciones, por cada juzgado se necesita a un juez y cuatro personas más auxiliares y administrativas, a fin de atender con celeridad la carga de trabajo que se genere.

La reforma sobre el nuevo Sistema de Justicia Laboral entró en vigor, en el país, en febrero de 2017 y otorgó a las entidades federativas un año para las reformas constitucionales locales, las cuales ya fueron realizadas.

En Quintana Roo, cada año son atendidos aproximadamente cinco mil conflictos de trabajo, de los cuales, alrededor de dos mil terminan en laudos o convenios, principalmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.

Los principales motivos tienen que ver con despidos injustificados, participación en utilidades, revisión y firma de contratos, rescisión de contratos, violación de contratos, riesgos, entre otros.

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