Alejandro Castro/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Asociación de Náuticos de Quintana Roo solicitó formalmente a legisladores federales de Quintana Roo una propuesta de reformar la Ley Federal de Derechos para eximir a los turistas que ingresan al país vía marítima del cobro de 533 pesos por concepto Derecho de No Residente.

El documento presentado ante los diputados federales y a Mónica Almeida López, presidenta de Comisión de Marina del Congreso de la Unión, refiere que suprimir este cobro fomentará el desarrollo de este segmento turístico.

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La petición involucra a aquellos vacacionistas que a bordo de barcos de vela o motor arriban a las costas del Caribe mexicano para hospedarse o realizar actividades recreativas.

Para Iván Ferrat Mancera, presidente de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, la exención del pago motivará a los turistas a pernoctar y dejar una mayor derrama económica en el estado.

La propuesta es reformar el Artículo 8 de dicha Ley para especificar que, además de los choferes y operadores de transporte de carga, tampoco pagarán este derecho “la tripulación a bordo de buques que se internen en el territorio nacional con el objeto de realizar turismo náutico”.

También buscan modificar la redacción del inciso a), fracción II, del Artículo 11, a fin de que también excluya a los turistas náuticos de los cobros previstos en el Artículo 8.

“No pagarán los derechos señalados en el Artículo 8 de esta Ley quienes ingresen al territorio nacional por vía terrestre ‘o marítima’ siempre que su estancia en el país no exceda los siete días”, señala la propuesta del sector náutico.

Sobre la propuesta, algunos diputados de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados dijeron que verificarán con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la viabilidad de eliminar este cobro, tomando en cuenta la necesidad de este recurso y la posible derrama económica que pudiera dejar su eliminación.

Por otra parte, los prestadores de servicios náuticos en Quintana Roo buscarán a nivel local reducir las restricciones para navegar en ciertas condiciones climáticas, pues sostienen que la medida implica pérdidas anuales superiores a los cuatro millones de dólares.