Josel Zamora/SIPSE

Chetumal.- La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer el auto de vinculación a proceso en contra de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador del Estado, por el caso VIP Saesa, durante la primera audiencia virtual llevada a cabo en Chetumal.

La comparecencia del ex mandatario se llevó a cabo a través de una videollamada que se enlazó desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) del Estado Morelos a la Sala 2 del Juzgado Penal Oral del Poder Judicial del Estado.

A las 14:15 horas, Borge apareció en pantalla, vestido con un uniforme completo de color azul, se notaba calmado e incluso bromeó hacia los presentes, asegurando que las instalaciones del Juzgado Penal habían sido inauguradas por él, durante su administración.

La imagen en televisión estaba dividida en dos, una con la proyección del ex funcionario y una con la imagen de los estrados del juzgado que fue controlada de forma manual; fue situada en la parte posterior derecha de Daniel Esteban Farah Godoy, Juez de Control, quien presidió la audiencia.

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En esta comparecencia, la primera del ex mandatario en Quintana Roo desde que fue detenido en Panamá, se llevó a cabo la formulación de imputación y posteriormente los fiscales anticorrupción llevaron a cabo la solicitud de vinculación a proceso.

Durante este proceso, la audiencia tuvo al menos cuatro recesos; primero por fallas técnicas y posteriormente para que el ex funcionario pudiera dialogar con sus cuatro abogados, liderados por Guillermo Barradas.

Farah Godoy explicó que la audiencia tendría ciertas pausas, debido a que la comunicación entre el imputado y su defensa tuvo que ser en privado, por lo que cada vez que lo solicitó la defensa, todos los que estaban presentes en la sala fueron desalojados a razón de proteger la confidencialidad y las formalidades del proceso.

Durante la formulación de imputación, los fiscales le informaron a Roberto Borge que tenía, al menos, las acusaciones directas de Javier Zetina González y Carlos Acosta Gutiérrez.

En sus declaraciones, ambos aseguran que el ex mandatario los obligó a celebrar dos contratos, sin llevar a cabo el proceso de licitación, para la renta de aeronaves con la empresa Aerotaxi Villa Rica S. A. de C. V.

Zetina González fungió como Secretario de Infraestructura y Transportes (Sintra) y  Acosta Gutiérrez como Director de Vip Saesa; el primero perteneció al núcleo del Consejo de Administración y el segundo participaba en las sesiones, pero sin derecho a votar.

La declaración de Zetina González fue fundamental debido a que asegura que todas las sesiones fueron celebradas con la aprobación de Roberto Borge, quien ya había ordenado a los demás integrantes del consejo (otros funcionarios de gabinete) para que votaran a favor de todos los puntos del orden del día.

Para la solicitud de vinculación a proceso, la fiscalía presentó como datos de prueba los contratos celebrados el 5 de abril de 2011 y el 6 de diciembre de 2013.

Guillermo Barradas, defensor de Roberto Borge, explicó que sus pruebas son sólidas, debido a que tenían resoluciones federales en la que demostraban la inocencia de su cliente en la carpeta 151/2017, debido a la prescripción del delito.

No obstante, los fiscales argumentaron durante la comparecencia que para efectos del ex funcionario la prescripción no aplica para esta imputación, debido a que el delito empezó a causar efecto una vez que terminó su mandato (año 2016) y fundamentaron con el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.