Un Juzgado Federal admitió la demanda de amparo promovida por habitantes de la zona limítrofe de Quintana Roo, en contra de la negativa del Ayuntamiento de Othón P. Blanco por invertir en obra pública en sus 33 comunidades.

Andrés Blanco Cruz, abogado de los afectados, explicó que se trata de los amparos con números 287/2022, 288/2022 y 2089/22, y es para que el municipio othonense dote de calles pavimentadas, vivienda, parques, domos entre otras obras en los poblados de San Antonio Soda, Guillermo Prieto, Caña Brava, Pioneros del Río, Nuevo Progreso, entre otras.

“Esto echa por tierra el argumento que intentó presentar el equipo jurídico de la presidenta municipal Yensunni Martínez, respecto a que no podían destinar recursos a esta región por encontrarse en litigio”, citó el abogado.

Añadió que el ayuntamiento intentó aplicar la misma resolución emitida por el Suprema Corte en el conflicto limítrofe con Yucatán, respecto a que ningún estado podía invertir en esa zona hasta que no se determine a quién le pertenece.

“Pero el que nos ocupa es un tema totalmente diferente, donde ningún Juzgado ha determinado que se debe evitar dotar de obra pública a esta región que se encuentra en litigio pero con Campeche”, declaró Blanco Cruz.

Recordó que los pobladores de esas comunidades también ganaron los amparos para acceder al agua potable a CAPA, organismo que tuvo que invertir en obra pública en estos poblados.

Estos nuevos amparos que promueven las localidades rurales son porque el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que encabeza Yensunni Martínez Hernández, se niega a dotar de calles pavimentadas, vivienda, parques, domos, entre otras acciones, a dichas comunidades.

Para los quejosos, esto violenta los derechos humanos de los habitantes de esa región del municipio al ser excluidos de manera reiterada de los Programas de Inversión Anual por el solo hecho de vivir en la zona limítrofe, sin que exista justificación jurídica alguna. 

Para el asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, al ser excluidos las comunidades de los programas de obra pública municipal se cometen actos de discriminación y se violentan sus derechos humanos relacionados con el acceso en condiciones de igualdad a una vivienda digna, salud, contar la infraestructura necesaria para el acceso a la movilidad en la categoría de calles.

“Ni siquiera estamos pidiendo que destine recursos extraordinarios a estos proyectos, sino que utilice al menos 33 millones de los 150 millones que se tienen previsto invertir en el Programa de Inversión Anual Municipal de este año”.

Mantendrán su insistencia para que las autoridades competentes obliguen al Ayuntamiento de Othón P. Blanco a la brevedad posible a destinar recursos, toda vez que son poblaciones alejadas de la ciudad, con un desarrollo incipiente que requieren de los impulsos básicos garantes del derecho al mínimo vital.