El Congreso de Quintana Roo dio entrada a dos iniciativas en beneficio de las mujeres. Una de ellas busca que las madres solteras con hijos menores de edad sean beneficiadas de los programas de asistencia social.

El primer proyecto de reforma fue presentado por el diputado José María Chacón Chablé, y pretende modificar varios artículos de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo.

Uno de ellos es el artículo 8, el cual añade como sujetos de atención de la asistencia social proporcionados por el estado a las mujeres que ejerzan el papel de jefas de familia solas y que tengan a su cuidado a menores de 18 años de edad.

Esto permitiría incluir a las “abuelitas” que se quedan al cuidado de los nietos.

Buscan incrementar penas contra funcionarios 

La otra iniciativa de ley fue presentada por los diputados Hugo Humberto Aldana Navarro y Mildred Concepción Ávila Vera, también del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el cual propone cambios a los artículos 89 del Código Penal y a los 45 y 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, para incrementar las penas en contra de los funcionarios que propicien la impunidad en los delitos en contra de las féminas.

De esta manera pasará de imponerse hasta cinco años de prisión, a ocho de cárcel y hasta quince años de inhabilitación a los servidores públicos que con motivo de sus funciones y atribuciones incurran en actos de corrupción, omisiones, negligencias, obstruyan la investigación o la justicia en perjurio de las mujeres víctimas de homicidio o feminicidio.

También se establece que todas las muertes violentas de mujeres y niñas deben de investigarse con perspectiva de género y debida diligencia, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluyendo los suicidios y accidentes.

De igual manera se establece que las víctimas mujeres de cualquier tipo de violencia tendrán derecho a una reparación del daño por parte de las autoridades en caso de que se demuestre que realizaron acciones que afectaron su integridad y acceso a la justicia, sin necesidad de recibir una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.